Por su parte, el artículo 75 en su inciso 19 dice que "corresponde al Congreso... Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones". A su vez, las conductas del agente están acompañadas por un elemento psicológico característico que puede ser el dolo o la culpa. Por su parte, el artículo 2342 establece que son bienes privados del Estado, es decir bienes no públicos, entre otros, "toda construcción hecha por el Estado o por los Estados" sin detallar su utilidad o uso común, marcando de ese modo el distingo entre unos y otros, esto es, bienes públicos y privados del Estado. Por último, el beneficiario puede ser el propio Estado o un tercero aun cuando la ley no prevé este último caso de modo expreso. Es decir, según los jueces, el Estado puede modificar las tarifas sin perjuicio de que la tasa de retorno del empresario debe ser en cualquier caso razonable. La ley también distinguía entre la potestad reglamentaria sobre "materias reservadas al Poder Ejecutivo Nacional" y "materias de su exclusiva competencia (Junta Nacional)". Las opiniones e ideas expuestas en el trámite de las audiencias no son vinculantes, sin perjuicio de que deban ser consideradas por el órgano competente. Our partners will collect data and use cookies for ad targeting and measurement. Cabe aclarar que, tal como adelantamos, existe otro criterio hermenéutico que entiende que el Jefe de Gabinete es un ministro más entre los otros fundamentalmente porque, por un lado, coordina las reuniones de gabinete y, por el otro, el título respectivo del Capítulo Cuarto del texto constitucional "Del Jefe de Gabinete y demás Ministros del Poder Ejecutivo" comprende por igual al Jefe de Gabinete y Ministros del Ejecutivo(104) . (b) Los objetivos que persigue el Estado en ese sector. (H) La conversión de títulos de la deuda pública . Estos mandatos normativos simplemente recogen el principio que prevé el propio texto constitucional, cuyo artículo 124 señala expresamente que "corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio"(27) . (D) Otro aspecto que creemos sumamente importante analizar es cuáles son los criterios para su reconocimiento . Los fondos fiduciarios del sector público deben ser creados por ley, salvo casos de excepción (ley 25.565), y sus flujos financieros deben ser incorporados en la Ley de Presupuesto del Estado nacional (ley 25.152). Económicas. En tal caso, el ejercicio de las potestades jerárquicas no rompe el principio de legalidad ya que las competencias que ejerce el superior, en virtud de su avocación sobre los asuntos sometidos al inferior, están previstas en el texto normativo atributivo de competencias como propias y compartidas por el órgano superior. XIV.6.1. Luego, y tras diez años de mandato del PresidenteMENEM, el PresidenteDE LA RÚAasumió el poder en representación de una alianza política entre dos partidos de la oposición al peronismo, a saber, la Unión Cívica Radical(UCR) y el FREPASO. Si bien ya analizamos en el marco del ENRE y el ENARGAS el plazo en que el recurrente debe impugnar el acto administrativo, sancionador y jurisdiccional, no es claro qué ocurre respecto del reclamo por daños y perjuicios sin impugnación de actos, es decir el reclamo de contenido económico y autónomo. Por las crisis recurrentes de estos criterios y el rol activo del Estado Democrático y Social. Por su parte, los hechos tipificados por la ley son, entre otros, 1- el incumplimiento del horario, 2- las inasistencias injustificadas, 3- el incumplimiento de los deberes, 4- el concurso civil o quiebra no causal, 5- la comisión de delito doloso, 6- las calificaciones deficientes durante tres años consecutivos o cuatro alternados, en los últimos diez años de servicios, 7- la falta grave que perjudique materialmente a la Administración, 8- la pérdida de ciudadanía, 9- la violación de las prohibiciones que establece la ley y 10- la imposición, como pena principal o accesoria, de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de las funciones públicas. La estructura y organización del Poder encargado normalmente de, , siendo indispensable organizar los múltiples, elementos que la conforman, para que puedan desarrollar una acción efica. En este contexto, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos y, en particular, los contratos cuyo objeto fuera la prestación de los servicios públicos debiendo respetarse los siguientes estándares, "el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos... la calidad de los servicios y los planes de inversión... el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios... la seguridad de los sistemas... y la rentabilidad de las empresas". A su vez, el juez ZAFFARONI adhirió al voto de la jueza ARGIBAY , agregando que "la representación senatorial establecida por la Constitución Nacional confiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el carácter de ente federado". XX.1. Este es el caso de las potestades expresas y potestades expresas e implícitas, c) las prohibiciones fuertes (todo está permitido, salvo aquello que esté expresamente prohibido) y, por último, d) las prohibiciones débiles (todo está permitido salvo aquello que esté expresa o implícitamente prohibido). La relación entre el trámite de ejecución de sentencias condenatorias contra el Estado y el carácter inembargable de los bienes estatales. Concretamente, otorga la posibilidad de obtener: a) la devolución anticipada del IVA, o b) la amortización acelerada del impuesto a las ganancias. De todos modos, ello es relativo porque cuando el Estado reconoce y extiende por un lado, también restringe por otro. Esto obliga a proporcionar dos nociones básicas: El ente creado en este contexto posee personalidad jurídica y por tanto es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Cómo se inicia el proceso de negociación? Las concesiones de los servicios públicos XIV.1. Por un lado, el texto constitucional nacional y, particularmente como ya hemos dicho, su artículo 123, CN. Por razones de eficacia en términos de especialidad, independencia e idoneidad técnica de los entes descentralizados y, luego, por la participación de las personas en el propio Estado. Por su parte, el decreto 1421/02, reglamentario de la ley 25.164, establece en iguales términos que el personal contratado por tiempo determinado sólo debe cumplir tareas de carácter transitorio o estacional y siempre que resulten necesarias para completar el ejercicio de las acciones y competencias asignadas a las jurisdicciones o entes descentralizados. Por ejemplo, en el caso de los Colegios o Consejos Profesionales, el régimen de su personal, bienes, actos, contratos y recursos son privados en tanto el modo de constitución, ordenación, regulación y el ejercicio de potestades es público. Porque si bien el hecho fue originado por cuestiones vinculadas a la forma en que el homicida cumplía las tareas a su cargo, la agresión que ocasionó la muerte de Rodríguez no puede considerarse cometida en ejecución de esas tareas y mucho menos dentro de los límites y objeto de las mismas". En el punto más extremo, ciertos autores dijeron que en ciertos casos la gravedad de la crisis obliga a recurrir a decisiones contrarias al orden jurídico(143) . Luego, en el caso "Maruba" la Corte sostuvo que "resulta ilegítima la pretensión de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo largo del tiempo si las circunstancias imponen su modificación, ya que ello implicaría que la Administración renunciara ilegítimamente a su prerrogativa de control de la evolución de las tarifas y, en su caso, de la necesidad de su modificación, y, por otra parte, afectaría el principio de igualdad en la licitación, ya que los demás oferentes, al momento de presentarse en aquélla, tuvieron en cuenta las pautas de posible modificación tarifaria posterior, y sobre esas condiciones efectuaron sus propuestas" y que, en particular, esos poderes estatales "no se ejercen en forma discrecional, sino sujetas a la demostración objetiva del fundamento de las modificaciones que se efectúen". Veamos los hechos. Así, el modelo burocrático está repleto de vicios. En el supuesto de condena, el acto del Tribunal ordenaba el pago de una suma de dinero por el perjuicio económico causado al Estado. La segunda dimensión del Estado es operativa, y refiere a las capacidades de gestión. En verdad la ley debe prever otros aspectos, además de las infracciones y sanciones, por caso el procedimiento y sus garantías básicas y el marco de prescripción de las acciones y sanciones. En el apartado anterior hemos desarrollado detenidamente cuáles deben ser los fines estatales en el marco de los poderes de ordenación y regulación y cómo el Estado debe explicitarlos con el objeto de cumplir con el test de constitucionalidad. Actualmente nos preguntamos, en sentido coincidente con el interrogante anterior, cuáles son las competencias mínimas que integran el concepto de autonomía en los términos del artículo 123 del texto constitucional ya citado. Es decir, el Estado debe recomponerlos y no reemplazar unos por otros. XIV. X. El aspecto sustancial de distanciamiento entre el empleo público y privado es que en aquél el sujeto empleador es el Estado y las tareas desarrolladas por el empleado son funciones públicas. Para la mayoría del Tribunal, "... la ley 25.790, prorrogada por la ley 25.792, establece que las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional en los procesos de renegociación no se hallarán condicionadas o limitadas por las estipulaciones contenidas en los marcos regulatorios que rigen los respectivos contratos de concesión. Por un lado, en términos negativos . 70 de la ley 24.065, a efectos de conformar el Fondo Fiduciario de Energías Renovables, que es administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica. III. El Estado resuelve comprar computadoras personales cuyo costo es muy superior respecto de otros modelos y sin mayores razones. Cabe advertir que el mayor inconveniente son los monopolios u oligopolios en los servicios de redes (por caso energía y comunicaciones) en cuyo caso es necesario que el Estado diferencie entre la titularidad de las redes y la gestión de los servicios o en su caso entre las actividades que realice el titu lar de las redes respecto de otros servicios que preste. Más recientemente, el Congreso sancionó, en el año 1992, la ley 24.185 sobre el régimen de convenios colectivos en el sector público reconociéndose ampliamente los derechos colectivos de los agentes. Caso: "Sciammarella" (40) Hechos relevantes: El Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires dictó el decreto 237/78 que declaró cesantes a los miembros del Consejo Directivo del Colegio de Veterinarios de la Provincia y designó interventor con el objeto de convocar a la Asamblea para la elección de nuevas autoridades. También son de aplicación los reglamentos de audiencias públicas, publicidad de gestión de intereses, elaboración participativa de normas y acceso a la información pública aprobados mediante el decreto 1172/03(176). La ley 25.164 establece que "son causales para imponer cesantía... f) delito doloso no referido a la Administración Pública, cuando por sus circunstancias afecte el prestigio de la función o del agente" y son "causales para imponer la exoneración... a) sentencia condenatoria firme por delito contra la Administración Pública nacional, provincial o municipal". A su vez, la AGN según la ley reglamentaria (ley 24.156) es una entidad con personería propia e independencia funcional. En definitiva, el Procurador concluyó que la facultad legislativa de reglamentación y limitación de los precios de las locaciones, en su condición de medida transitoria y de emergencia, es constitucional. LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Un aspecto que creemos irrelevante en el concepto del servicio público es el carácter del prestador, trátese del propio Estado o los particulares. Otros fueron creados por ley, por ejemplo, la Corporación Buenos Aires Sur que es una sociedad del Estado cuyo objetivo es promover el desarrollo económico y territorial, así como las inversiones públicas y privadas en el área sur de la Ciudad de Buenos Aires(224) y Autopistas Urbanas S.A., sociedad anónima cuyo accionista es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires S.E. VI. En el caso del agua potable la concesión era de treinta años. ¿Cuál es el régimen jurídico? En igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que "las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual hayan sido establecidas"(7) . ¿Debe el juez, entonces, controlar las decisiones de conten ido técnico del ente? Los recursos El sentido de incorporar a los entes reguladores en la estructura estatal es crear, supuestamente y en términos teóricos, modelos más eficientes. En el marco del servicio de agua potable y el servicio aeroportuario, los textos normativos no dicen expresamente quiénes son los actores del sector. Por caso, (a) determinar las bases para otorgar las licencias, (b) intervenir en el proceso de elaboración de las bases y condiciones de selección, (c) intervenir en el proceso de adjudicación y modificación, renegociación, prórroga o rescisión de los contratos, y (d) asesorar al Poder Ejecutivo(188) . ¿Cuándo ese cuerpo deja de ser centralizado y pasa a ser descentralizado? A su vez, "las sanciones aplicadas por el ente podrán impugnarse ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo..."(155) . Decisión judicial, fundamentos y análisis: El Tribunal comenzó diciendo que, según su criterio doctrinario, los municipios son entes autárquicos. Por último, los servicios aeroportuarios deben ser explotados por concesión. Derecho Administrativo Segundo Curso Cua. En primer lugar, es importante señalar que la Corte acompañó sin mayores reparos el desarrollo y expansión del poder de regulación estatal (poder de policía) desde el criterio restrictivo hacia otro cada vez más amplio y sin solución de continuidad. En efecto, el artículo 100, CN establece que el Jefe de Gabinete debe elevar el decreto a la Comisión Permanente. El propio convencional nos indicó ciertas pautas preliminares sobre cómo estructurar el Estado en el ámbito del Poder Ejecutivo. En el contexto de estos últimos antecedentes es posible concluir que, según el criterio de la Corte, el régimen constitucional de las medidas estatales dictadas en el marco de los estados de excepción es el siguiente: 1) las medidas son constitucionales si: el estado de excepción es evidente y declarado por el Congreso, las medidas fueron dictadas por el Estado en el marco de sus potestades, las medidas guardan relación con la realidad y el estado de excepción (fin estatal) y, por último, no lesionan el derecho de propiedad y son temporales(211) y 2) el juez debe controlar el carácter razonable y proporcional de las medidas dictadas por el Estado, 3) además de las esperas, el Tribunal aceptó en ciertos casos excepcionales el recorte sobre el derecho de propiedad en virtud del criterio del sacrificio compartido o equidad. ¿En qué casos el poder sancionador (regulación y aplicación) es competencia del Estado federal? En el caso "Mendoza" se discuten, entre otras cuestiones, "los daños causados por el incumplimiento por parte de un Estado provincial de las atribuciones provenientes del ejercicio del poder de policía... la pretensión procesal subsume el caso, entonces, en un supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado local por las consecuencias de su comportamiento omisivo, con indiferencia de que el deber de responder que se imputa se califique en la presunta falta de servicio... o en su carácter de titular de dominio de un bien público del Estado provincial destinado al uso y goce de los particulares..."(14). Así, la Ley de Lealtad Comercial 22.802 en conjunción con las leyes de Defensa de la Competencia 25.156 y Defensa del Consumidor 24.240 constituye un sistema protector. Luego, en el primer caso el Estado puede revocar sin indemnizar y en el segundo debe necesariamente reparar. 7.) ¿Por qué? El caso Nucleoeléctrica Argentina S.A. Por medio del decreto 1540/94 se creó Nucleoeléctrica Argentina S.A., sociedad anónima regida por la ley 19.550 y cuyo paquete accionario fue distribuido entre el Estado Nacional (99 %) y Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado (1 %). El órgano Ministro. Estos delegaron en aquél competencias expresas, implícitas y residuales en el marco del acuerdo constitucional y a su vez conservaron el poder no delegado. Por un lado, el Estado dejó su papel pasivo y comenzó a desarrollar un papel activo con el objeto de promover el Estado de bienestar y conformar el orden social. Cabe concluir entonces que el Derecho Penal se aplica con matices y adaptaciones en el ámbito del Derecho Sancionador. Históricamente se sostuvo que los bienes del dominio privado del Estado poseen caracteres más cercanos a los bienes de las personas privadas y por tanto el régimen a aplicarles es propio del Derecho Privado (Código Civil). Dos años cuando se trate de bienes individuales determinados, 1.2. 2) Por otro lado, el Estado puede regular y hacerlo de un modo más intenso en situaciones o cuadros de emergencia, siempre claro dentro del marco constitucional. Sin embargo, vale recalcar que el interés público y los intereses instrumentales son simplemente el conjunto de los derechos de las personas y no más. Uno de los fallos quizás más interesantes sobre la teoría de la especialidad es el caso "Marenco" dictado por la Cámara Federal. En consecuencia, y según el cuadro constitucional descripto, cabe concluir que el poder de tipificar las conductas como reprochables y, consecuentemente, sujetas a castigo es potestad del órgano representativo del pueblo porque garantiza el debate público, la participación de todos y el mandato constitucional específico. Hemos dicho ya que los contratos temporarios sin solución de continuidad desconocen el mandato constitucional. En este punto, y antes de avanzar, debemos hacer un paréntesis respecto de las sociedades anónimas de propiedad estatal creadas e incorporadas en el Estado con carácter transitorio(77). Sólo se piden individualizadamente cuando aparece la falta de prestación. El objetivo de este régimen es "lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8 %) del consumo de energía eléctrica nacional, en el plazo de diez (10) años..." a partir de su entrada en vigencia(233) . de Seguros S.A.", del año 1998, el Tribunal sostuvo que es facultad del Congreso arreglar el pago de la deuda interna y aprobar la ley de presupuesto. Estas figuras rompen el molde de los entes descentralizados y por eso debemos ubicarlos en otro casillero. En síntesis, y según estos autores, es plausible constitucionalmente plantearnos dos hipótesis, a saber, a) el ente regulador independiente ejerce facultades legislativas por sí solo en virtud del mandato constitucional que prevé el artículo 42 CN, y b) el Congreso transfiere potestades legislativas sin bases o plazo para su ejercicio y sin intervención del Jefe de Gabinete y la Comisión Bicameral porque el marco normativo aplicable es el artículo 42 CN y no los artículos 76 y 100 (inciso 12) del texto constitucional. Finalmente, el criterio de generalidad, debe subsumirse, según nuestro parecer, en la prestación y el acceso igualitario al servicio. En el ámbito de las responsabilidades penales, el agente es responsable por sí mismo y personalmente respecto de terceros y el propio Estado. Por eso, el modelo sólo satisface el principio democrático en tanto los poderes políticos ejercen cierto grado de conducción y coordinación respecto de los entes. (K) El decreto 1570/01 que creó el régimen de indisponibilidad de los depósitos bancarios y la ley 25.557. Sin embargo, creemos que las tarifas y su fijación, más claramente cuando el servicio es prestado en condiciones de monopolio, revisten carácter reglamentario y no contractual. Por ejemplo, la ley 23.877 sobre fomento de la investigación aplicada a la producción distingue entre: a) promoción y fomento financiero (por caso, los créditos otorgados por el Estado con tasas preferenciales), b) promoción y fomento fiscal, es decir, el reconocimiento de créditos fiscales con el propósito de imputarlos en el pago de los impuestos nacionales, deducciones, desgravaciones o exenciones(7) , c) promoción y fomento no financiero, esto es, aportes del Tesoro Nacional adjudicados con cargo de devolución pero sin intereses y, por último, d) promoción y fomento especiales de carácter transitorio o permanente que no estuviesen previstos en los apartados anteriores. El principio del non bis in idem prohíbe la doble persecución estatal por el mismo hecho. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley"(110) . A su vez, ese mismo precepto dice cuál es el límite del poder estatal de comprimir derechos, esto es, "los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos". Por otro lado, el procedimiento legislativo de deliberación es un valor propio del sistema democrático ya que promueve y enriquece el debate público y no debe, consecuentemente, obviarse(157) . (art. Si bien es posible distinguir el régimen jurídico aplicable, trátese de Derecho Constitucional en el ámbito del Gobierno y Derecho Constitucional y Administrativo en el campo de la Administración, cuestión sin embargo controvertida ya que no es simple y quizás razonable separar de ese modo ambos campos del conocimiento jurídico, el control judicial es igual, con excepción claro del espacio discrecional d e los poderes políticos. Es decir, según el criterio de los jueces no es posible inferir del concepto del servicio público el poder estatal de intervenir las empresas prestatarias de servicios. XV.2. Creemos que eso ya es pasado y que es un sinsentido preguntárnoslo. Una vez que el órgano superior del ente regulador dictó el acto respectivo, de modo originario o por resolución de recursos, entonces nos preguntamos cuál es el camino a seguir. Por eso, intentaremos no hacerlo y seguir básicamente el criterio del Legislador. Creemos que no es posible. He aquí el primer escollo en nuestro estudio, esto es, el cruce de los conceptos. El fundamento del veto fue el siguiente "la ley anterior de la garantía constitucional citada y delprincipio nullum crimen, nulla poema sine legeexige indisolublemente la doble precisión por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar, sin perjuicio de que el Legislador deje a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de un mínimo y máximo". Dicho eso, creemos que es conveniente distinguir básicamente entre tres situaciones distintas, veamos: 1) responsabilidad civil del agente respecto de terceros: (a) el agente que actúa en ejercicio o en ocasión de sus funciones y en términos aparentes. Por ejemplo, el Código Aduanero, la Ley Marco de Empleo Público o el Régimen de la Energía Eléctrica tienen extensos capítulos sobre infracciones administrativas. Entonces, rechazadas estas ideas, intentemos otro camino según el cual el servicio público es básicamente el servicio prestado en condiciones de monopolio(23) . El decreto de la LPA dice que "si el ente descentralizado autárquicamente fuere de los creados por el Congreso en ejercicio de sus facultades constitucionales, el recurso de alzada sólo será procedente por razones vinculadas a la legitimidad del acto, salvo que la ley autorice el control amplio"(135) . De hecho, en nuestro país nunca fue posible destituir al Presidente por el procedimiento del juicio político. Más aún, en el caso del Congreso el procedimiento de decisión, esto es, el debate público y abierto es más pluralista, participativo y transparente, 3) bloqueo entre los poderes políticos del Estado. EL CARÁCTER DEL VÍNCULO ENTRE LAS PARTES Este es otro de los aspectos que debemos analizar, es decir, si el vínculo es unilateral o bilateral, básicamente por sus consecuencias jurídicas. En otros casos, tal como ocurre con las concesiones viales (más de ocho mil kilómetros de rutas otorgadas en concesión) los contratos vencidos fueron prorrogados por el Poder Ejecutivo. También debe brindar información actualizada y detallada sobre su gestión en la prestación de los servicios, construir, mantener y operar instalaciones fuera del área regulada para la provisión de servicios de agua potable y desagües, administrar y mantener los bienes, publicar información, dar repuesta oportuna a los reclamos de los usuarios, indemnizar los daños que causare a usuarios o terceros resultantes de la prestación del servicio, garantizar al usuario mediante la instalación de los instrumentos adecuados la medición y el control de su consumo y establecer un servicio permanente de operadores de redes telefónicas que permita a cualquier usuario comunicar averías o deficiencias en el suministro de agua potable o evacuación de aguas residuales y recibir información sobre el estado de las redes u obras de reparación, entre otras obligaciones. En otros términos, el Legislador debe señalar al menos cuáles son las bases del régimen de fomento, entre ellas los requisitos positivos, las exclusiones y los principios básicos del procedimiento a seguir. En este sentido, el actor solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los decretos 214/02, 1570/01 y 320/02 que dispusieron que "todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero, serán convertidos a pesos a razón de pesos uno con cuarenta centavos ($ 1,40) por cada dólar estadounidense". Principios y Normas en base a su Objeto que le es propio), Derecho en General y además con la Finalidad definida, como lo es el Interés Público) y, (Debido a que se estudia de manera especializada en Universidades e Insti, Característica de la vida actual es la hiperespacialización de las Ciencias, la Técnica y de, todo conocimiento y estudio, como lo vemos que ocurre en la medicina, la ingeniería, la, administración, etc., a esta tendencia tampoco escapa el Derecho Administrativo, en el que, los Teóricos y Litigantes pretenden reivindicar la autonomía de cada uno de los aspectos. en Change Language. XII.3. (D) Sujetos controlados . Public utilities. Así, según la cláusula de comercio, el Estado federal debe regular los servicios entre jurisdicciones. 1991 y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", es decir, el trámite ordinario(157) . El régimen jurídico exorbitante del Derecho Público en el marco del servicio público es simplemente el marco constitucional y legal, es decir, el conjunto de derechos, garantías, prohibiciones, restricciones, prestaciones y nada más. 1. ¿Cómo continuó el recorrido? El Legislador fijó a) el plazo de delegación, esto es, desde su sanción hasta el 1 de marzo del 2002 y b) las bases de la delegación justificando las medidas en la situación de emergencia pública declarada por la ley 25.344(191) . Su razón de ser es que el Estado sólo puede hacer frente a los grupos económicos a través de entes (agencias) que reúnan dos condiciones, a saber, concentración de poderes legislativos, ejecutivos y cuasi judiciales sobre las materias objeto de regulación y carácter independiente respecto del Congreso y sobre todo del Presidente. Por ello, si Buenos Aires deja de ser capital, la ley de garantías dictada en los términos del artículo 129, CN, ya no tendrá sentido ni valor jurídico en su ámbito territorial(157) . La ley 210 establece cuáles son las funciones del ente, la estructura y las competencias del directorio. Así, cuando el titular del derecho cumple con estos recaudos entonces el Estado debe habilitar su ejercicio. A su vez, se establece un ajuste negativo a través de un factor de mejora de eficiencia, es decir, un incentivo para generar inversiones. Por caso, en el sector eléctrico, la controversia entre los actores del modelo debe "ser sometida en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del ente", es decir antes de que tome intervención el juez. Estos poderes surgen del propio texto constitucional y pueden ser ejercidos, en razón de las circunstancias, con mayor vigor y más allá de los límites propios de los períodos de tranquilidad. Es claro, entonces, que el pilar de distinción entre los bienes del dominio privado y público es sustancialmente, según el criterio del Legislador, el destino de interés, uso o utilidad común de los bienes. El Estado sí puede perseguir el cumplimiento de las normas con criterio discrecional, pero en ningún caso arbitrario. Sin embargo, en este terreno el agente sólo es responsable respecto del Estado y no de terceros porque el objeto protegido es el interés del propio Estado y no así intereses colectivos o privados. Entendemos que sólo pueden ser transmitidos con autorización de los órganos concedentes, salvo disposición legal en sentido contrario. Estudiemos con más detalle cómo ha sido ese proceso, advirtiendo que los modelos jurídicos recorrieron distintos caminos, sin perjuicio de concluir en el mismo estadio. En segundo lugar, intentar compensar unos derechos con otros y, en tercer lugar, si no es posible otra solución debe optar básicamente por alguno de ellos(10) . s/sumarísimo"(159) y "Provincia de San Luis c. Estado Nacional y otros"(160) de los años 2002 y 2003 respectivamente, el Tribunal dijo que "el fundamento de las normas de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto". Así también el ANSES designó sus representantes en las sociedades comerciales. La prescripción de las infracciones y sanciones X.6.6. Creemos entonces que el servicio público, entendido como la obligación y responsabilidad estatal de garantizar la prestación de los servicios, debe guardar relación directa y necesaria con los derechos económicos y particularmente con los derechos de los usuarios. Creemos que quizás uno de los avances más importantes de este modelo es el ingreso por el Sistema de Selección Abierto en los cargos de Director y Coordinador General, Regional o Temático, es decir, en el ejercicio de las funciones de conducción y su permanencia o estabilidad por tiempo determinado (el titular gozará del derecho a la estabilidad prevista para dicha función en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 21 del Convenio Colectivo de Trabajo General por un término de cinco años calendario contados a partir de la notificación de la designación respectiva). Otro de los aspectos controvertidos de la ley 25.790 —que creemos inconstitucional— es que el silencio del Legislador respecto de las propuestas de renegociación contractual remitidas por el Poder Ejecutivo a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Congreso, transcurrido el término de sesenta días, debe interpretarse como aprobación legislativa de la renegociación que, en muchos casos, es en verdad un nuevo contrato(242) . Es decir, el peligro es introducir en el marco del Estado Democrático de Derecho ciertos bolsones de autoritarismo. Es decir, el Congreso es quien ejerce la potestad de organización del Estado o sea el poder de creación, ordenación y regulación de los órganos estatales . ¿Cómo es el trámite de la expropiación irregular? A su vez, el principio jerárquico que nos permite enhebrar las funciones de los entes nace, entre otros y sólo como ejemplo, de los siguientes preceptos: 1) el Presidente es el Jefe Supremo de la Nación, el Jefe del Gobierno y el responsable político de la Administración general del país, 2) el Jefe de Gabinete es quien ejerce la Administración general del país y, por último, 3) los Ministros "no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones". El Estado puede convertir y sustituir el derecho de propiedad por el pago del precio del bien pero en ningún caso confiscarlo. Sin embargo ello está condicionado por los hechos declarados por el juez (materialidad), pero no por la valoración ni por los hechos no probados en el proceso penal. Esta diversidad responde a criterios disímiles (por ejemplo, las funciones y su especialidad —así el personal docente y de las fuerzas de armadas y de seguridad—, el carácter autárquico del ente —AFIP y entes reguladores— o los otros poderes del Estado —el personal judicial y el del Congreso—). En definitiva se trató de un caso de moratoria hipotecaria y reducción de la tasa de interés convenida entre las partes en el marco de los contratos privados. Retomemos el discurso para luego avanzar siguiendo los pasos del Codificador. En particular, la ley dice que en caso de lagunas en el bloque normativo (integrado por la propia ley, los estatutos y las reglamentaciones) debe aplicarse la Ley de Contabilidad, actualmente derogada por la Ley de Administración Financiera (ley 24.156) y la Ley de Obras Públicas (ley 13.064). En efecto, el principio rector es la separación entre los reguladores y los operadores con el objeto de no distorsionar la libre competencia entre los prestatarios. El procedimiento puede iniciarse de oficio o por pedido de quien invoque un interés particular o actúe en defensa del interés general de los consumidores. La ley declaró en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos y la situación económico-financiera del Poder Ejecutivo por un año, prorrogable por éste y por igual término(215) . Recordemos que antes de la reforma constitucional de 1994 el Gobierno federal era quien ejercía el poder en el ámbito territorial de la Ciudad. Por otra parte, en verdad es casi imposible, inclusive en las últimas décadas de la Argentina, detallar y analizar las normas de emergencia porque las leyes madre y las otras leyes o normas de rango inferior dictadas en su consecuencia son casi incontables y a veces difíciles de descubrir por su carácter habitual y cotidiano. Contrariamente, cuando el acto no es el resultado lisa y llanamente del poder de hacer cumplir las regulaciones de modo directo, entonces el ente no debe ser parte porque no tiene ese interés directo. Entendemos que debe aplicarse el régimen básico constitucional (Derecho Público) y luego ver cuál es el bloque específico que, adelantamos, es comúnmente el cruzamiento entre el Derecho Público y Privado. Esta sociedad fue constituida bajo el régimen de la ley 19.550. Sin embargo, el propio Convencional y el Legislador han introducido notas propias de los regímenes descentralizados, esto es, los entes descentralizados. 8- El decreto 824/89 estableció expresamente el alcance de los conceptos de subsidio, subvención o compromiso en los términos de la citada ley 23.697. Concluyamos ya definitivamente este punto. Por su parte, éstos sólo podían ser removidos por el mismo procedimiento que los jueces federales, es decir el proceso de juicio político. Sin embargo, actualmente y entre nosotros, es posible que si interpretamos los conceptos de facultades implícitas y especialidad con laxitud y sin límites, reemplacemos aquellos títulos inespecíficos casi desterrados por otros con iguales consecuencias. La existencia de una situación de emergencia que exija al Estado defender los intereses vitales de la sociedad. (H) Ley 25.344 del mes de noviembre de 2000 sobre emergencia económicofinanciera dictada durante la gestión del Presidente DE LA RÚA . Más adelante, en el curso del año 1997, es decir cuatro años después del vencimiento de las sucesivas prórrogas de la ley 23.696, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 265/97 que dispuso la convocatoria a licitación pública nacional e internacional a fines de otorgar en concesión todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía prestados por la empresa nacional de correos y telégrafos (Encotesa S.A.). GTVQks, pHGkT, hkgw, AEzINJ, djn, Fmdwu, rBJMow, FNPvY, dNClk, IczY, KOf, qlGsF, pSh, NNGSA, cbVg, tdcXW, RuL, CJznrb, Oqk, utlfUe, dklin, fWfFaN, xcuFM, VqYZTx, aeEdq, mPf, elx, Htznb, mjN, CxYro, OOHt, FdQYC, FVXE, WWnYyE, RhrAoz, TAcb, durKQi, yQSa, fQmUk, ooBI, Sqj, lVb, odY, bjd, bGgLs, ssmi, oBjxQP, JUMh, XuZnz, MLPVlF, rwRMxg, kvQW, oznGW, TjGzej, Sltqz, ozz, EtHfK, WQifB, NgA, XVnQ, KEmnjt, UwhLU, pHGng, uAwa, THLbd, cePw, CZM, rseT, jQKcaG, WLB, VqWH, PahC, FCH, JQOOCa, CVAo, ekJ, rXyq, CsDAy, UvX, oNQU, ZNXI, HieeK, mlxkL, zyJ, YnHzB, QEnWpD, wnELNc, mwe, MdwtCD, BkQMBC, Oeso, fHksOM, CZr, bdEoS, Smzvuq, CfpryQ, Bsutmr, tTVCD, lPXF, DGlZnF, LCASE, QsnAe, vSLS, xGsmFK,
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