68 Maturana y Montero (2010) T. II, p. 1083. Estos hechos fueron calificados por el MP como delito de hurto, respecto de los cuales se pide la imposición de una pena de 61 días de presidio y multa de 5 UTM. Incentivo punitivo en el procedimiento simplificado de resolución inmediata. By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. Mensaje Nº 440-350 de 22 de enero de 2004 que acompañó al Proyecto correspondiente a la Ley Nº 20.074. En el artículo se revisa y confirma el marcado carácter acusatorio del actual proceso penal chileno y su relación con su incidencia en la eficacia del principio … de Derecho Procesal) pp. El Proyecto de CPP no contemplaba, dentro de los aspectos que el Juzgado de Garantía debía tener en cuenta para resolver si acogía o no a tramitación el procedimiento abreviado, un examen acerca de la suficiencia de los antecedentes de la investigación fiscal. WebEn este artículo se constata que la regulación nacional no contempla, respecto de los procedimientos basados en la autoincriminación, adecuados controles procesales sobre el obligatorio ejercicio de la acción penal conforme a la legalidad sustantiva que debe … Texto y comentario del Código Penal chileno (Santiago, Editorial Jurídica de Chile) pp. Facultad de Derecho Universidad Diego Portales). INSUFICIENCIA DE LAS MODALIDADES DE RETRIBUCIÓN ANALIZADAS. Derecho chileno y comparado (Santiago, Editorial Jurídica de Chile). Lo arriba razonado creemos puede calzar con otras dos situaciones específicas donde la rebaja de pena debiera quedar entregada facultativamente a la discreción del tribunal. En la causa RUC Nº 1200195393-K, del Juzgado de Garantía de Colina, sentencia de 31 de enero de 2013, el MP acusó por los siguientes hechos: "(...) el imputado (...) abordó en la intersección de los pasajes Araucaria con Los Nogales de la Comuna de Colina a la víctima (...), a quien intimidó con un cuchillo exigiéndole la entrega del teléfono móvil que portaba consigo, de esta forma, la víctima entregó por la intimidación del imputado el teléfono que traía, dándose a la fuga el imputado con la especie de la víctima, ingresando este a un domicilio del sector, lugar de donde sacó un elemento contundente, esto es, un palo con el cual además golpeó en un brazo a la víctima quien lo había seguido hasta dicho lugar, exigiéndole la especie. Algunos autores han planteado –sin eco en nuestros tribunales– que en caso de que el Fiscal y el querellante soliciten penas distintas, pero inferiores al límite de 5 años, el consentimiento del acusado deberá recaer sobre ambas acusaciones77, propuesta que se compartirá, como se dirá más adelante, solo en cuanto el relato fáctico de la acusación particular exceda el de la acusación oficial, pues de no ser así, tal aceptación no resulta pertinente, ya que el imputado solo debe consentir en "los hechos materia de la acusación" y en "los antecedentes de la investigación que la fundaren" (artículo 406, inciso 2°, del CPP), y no en las penas solicitadas por el Fiscal y el querellante. 15 de Diciembre de 2015 16331. Sin alterar los hechos o su encuadre jurídico el Ministerio Público anticipa en su requerimiento o acusación una rebaja de pena que el legislador deja a discreción del juzgador. Sáez, Jorge (2007): "Controles judiciales en los procedimientos convencionales", Revista procesal penal, Nº 55: pp. (Madrid, Marcial Pons). Ministerio Público con Vergara(2006): Juzgado de Garantía de Puerto Montt, RUC Nº 0600479969-9, de 12 de julio del año 2006. Sobre labeling approach, v. Hassemer (1984) pp. Empero, el Juzgado de Garantía no está vinculado a la calificación jurídica de los hechos propuesta por el MP en su acusación, y el límite de pena de la sentencia estará dado en este supuesto por la pena mayor solicitada por el querellante, según prescribe el artículo 412 del CPP76. Al no haber sido aceptados por el acusado estos antecedentes, no pueden transformarse válidamente en medios probatorios que sirvan para fundar la sentencia condenatoria, pues deberán entonces someterse al debate y escrutinio oral y contradictorio propio del juicio oral, según prescriben los artículos 295 y 296 del CPP. En audiencia posterior, sin modificar los hechos, el MP los califica ahora como delito de receptación, no obstante que sigue imputándole al requerido haber sido él mismo quien sustrajo el objeto. Fuentes del derecho procesal penal 7.1. 2. Mientras el procedimiento inquisitivo en los sistemas de justicia continentales consistió en la mera verificación pública del contenido del dossier de la investigación preliminar, el aparato de justicia criminal tenía escaso interés de negociar beneficios con el acusado, pues no había mayor incertidumbre acerca de la decisión que tomarían los jueces profesionales en este remedo de juicio9. 8.-. Rudnick, Carolina (2007): La compensación racional de circunstancias modificatorias en la determinación judicial de la pena (Santiago, LexisNexis, segunda edición). 1. DEL RÍO, Carlos (2009) Los poderes de decisión del juez penal. 78 Horvitz (2005) T. II, pp. Pizzi, William (2004): Juicios y mentiras (trad. Hacía la Gestión del conflicto y la fortaleza de la ley. Becker, Howard (2009): Outsiders: hacia una sociología de la desviación (Buenos Aires, Siglo Veintiuno). El principio de legalidad es uno de los más importantes que rigen en el Derecho penal, ya que constituye una de las garantías por las que se limita la facultad … ROL DEL OFENDIDO EN EL CONTROL JUDICIAL DE LEGALIDAD. Van Weezel, Álex (2001): "Determinación de la Pena Exacta: El Artículo 69 del Código Penal", Ius et Praxis, Año 7, Nº 2: pp. Y en segundo lugar, la rebaja en dos o tres grados de una pena divisible de uno o más grados (artículos 67, inciso 4°, y 68, inciso 3°, del CP). 75 A juicio de Núñez (2003) T. II, p. 442 y Cerda (2003) p. 31, una fundada petición de pena superior a los 5 años de privación de libertad es la "única causal" que puede invocar el querellante particular como fundamento de su oposición al procedimiento abreviado. * Doctor en derecho, Universidad de Chile (2014); Magíster en Derecho, Universidad de Talca (2008); Licenciado en ciencias jurídicas y sociales, P. Universidad Católica de Chile (2001); profesor de la Escuela de Derecho, Universidad Católica Silva Henríquez, Dirección postal: General Jofré 462, Santiago. Control judicial de admisibilidad en el juicio abreviado y en el procedimiento simplificado de resolución inmediata. RESUMEN: En este artículo se constata que la regulación nacional no contempla, respecto de los procedimientos basados en la autoincriminación, adecuados controles procesales sobre el obligatorio ejercicio de la acción penal conforme a la legalidad sustantiva que debe impulsar el Ministerio Público por imperativo legal, lo que deja como resultado, múltiples, extendidos e importantes espacios para el abandono o degradación de su ejercicio de manera discrecional, invirtiéndose con ello el modelo original de la codificación procesal, al desplazar, en el campo forense, la discrecionalidad a la obligatoriedad como regla en la persecución criminal. To learn more, view our Privacy Policy. VII. En lo concerniente a la agravante del artículo 12 Nº 15 del CP, v. Vásquez con Acuña (2012); sentencia del Juzgado de Garantía de San Antonio, RUC Nº 1000336390-8, de 30.09.2011; y Ministerio Público con Núñez (2010). En el primer supuesto de estudio, el acusador público intencionadamente realiza una calificación jurídica que se basa en hechos sustancialmente distintos –e inexistentes– a los planteados en la acusación, la cual se mantiene en este aspecto inalterada. 49, 2, 2017): Naturaleza jurídica de la Fase Intermedia del proceso penal chileno. el principio de obligatoriedad de la acción penal impone al MP acusar por ese delito y no otro, y no acusar nada más; e igualmente, si se cuenta con respaldo … Producto de la agresión la víctima resultó con 'contusión de brazo izquierdo' de carácter leve". En la causa RUC Nº 1000736623-5, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, se presentó acusación por los siguientes hechos: "(...) en circunstancias que la víctima (...) efectuaba sus labores como repartidor de la empresa Coca Cola conduciendo el camión (...) detuvo la marcha para entregar bebidas, momentos en los cuales el imputado (...) procedió a subirse a las pisaderas de la puerta del costado izquierdo del camión portando en una de sus manos un cuchillo de regular tamaño, con el cual lo intimidó, colocándoselo a la altura del cuello, instantes en que le exigía la entrega de dinero, manifestándole con groserías que le entregara la plata si no lo mataba, situación que fue observada por uno de los peonetas, el cual, salió en defensa de la víctima, lo que provocó que el imputado huyera del lugar, ingresando sin la autorización de su propietario (...) al domicilio ubicado en calle Plumerillo Nº 6390, siendo detenido por los funcionarios policiales en el interior del inmueble". d) Cuarto supuesto: el querellante requiere en su acusación una pena de cinco años, o menos, de presidio o reclusión menores en su grado máximo, en base a hechos distintos de la acusación del MP –pero comprendidos en la formalización–, que conllevan una calificación jurídica de los hechos, atribuir una forma de participación, o la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación. Pero la víctima no solo se encontrará habitualmente con un acusador público con intereses contrarios a los que ella persigue, sino que, para que sus pretensiones tengan alguna posibilidad de fortuna, requerirá asesoría letrada, carga no baladí si se considera que por tratarse en general de delitos menores, usualmente no estará dispuesta a asumir las expensas de servicios profesionales para conseguir una pena superior a la buscada por el MP, ya que en todo caso, una condena, con indiferencia de su quantum, le facilita igualmente demandar la responsabilidad por los daños causados en sede civil (artículo 178 del Código de Procedimiento Civil). Entonces, si se acepta que la acusación no debe contener sino los hechos y la calificación sobre los que la investigación "proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento", cuando el Fiscal en medio de una negociación con el imputado ajusta la acusación a dicho parámetro, en verdad no la ha modificado en uso de su discrecionalidad, sino más bien la ha corregido en cumplimiento de su deber de actuar con objetividad y dar correcta aplicación a la ley. 22 Así habría ocurrido en Italia, según explica Marafioti (2008) p. 91. 41 Se constata el tránsito desde el delito de amenazas a la falta del artículo 494 Nº 4 del CP, en Ministerio Público con Zapata (2012), Ministerio Público con Contreras (2012) y Blanco con Arguedas (2012); Hernández con Alarcón (2012); Cifuentes con Yáñez (2012); Ministerio Público con Guzmán (2012); y, Ministerio Público con González (2010). Con ello, en el próximo proceso penal a que se verá enfrentado este hechor –pues el Fiscal, atendido el nulo efecto que tendrá la pena ahora impuesta, ya asume la futura reincidencia como un evento casi cierto–, este ya no será considerado como primerizo, y por lo tanto la pena se exasperará por operación de las normas agravatorias fundadas en la reincidencia, o al menos será más severa, al privarle el acceso a una pena sustitutiva de la Ley Nº 18.216. En particular, en el procedimiento simplificado de resolución inmediata, el tribunal no podrá imponer en la sentencia una pena superior a la solicitada por el Fiscal en el requerimiento (artículo 395, inciso 2º, del CPP)28, mientras que en el juicio abreviado, el juez no podrá aplicar una pena superior ni más desfavorable a la requerida por el Fiscal o el querellante, en su caso (artículo 412, inciso 1º, del CPP). Por lo anterior, únicamente cabría admitir ampliar el objeto del procedimiento abreviado a los hechos de la acusación particular –que excedan los de la acusación del MP–, cuando el imputado también acepte estos –y los antecedentes que los fundan–, ello, mediante analogía in bonam partem (admitida a contrario sensu, según se desprende del artículo 5°, inciso 2°, del CPP), si con ello se evita la exposición del acusado "a" y "en" un juicio oral, además de acceder a la rebaja punitiva que prevé el artículo 407 de CPP por someterse al procedimiento abreviado. Cabe destacar que esta modificación de calificación suele también realizarse, no en relación a la acusación o requerimiento original, sino respecto de los hechos que fueron materia de formalización, así se observa en Ministerio Público con Campos (2011). 62 Sobre esta asimétrica posición entre las partes que negocian en el proceso penal, y cómo esta se opone a una visión de la administración de justicia basada en la racionalidad del mercado que abraza la ideología de laissez-faire, v. Damaska (2010) pp. EL PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES BASADOS EN LA AUTOINCRIMINACIÓN, THE PRINCIPLE OF MANDATORY CRIMINAL PROSECUTION IN RESPECT OF PROCEDURES BASED ON SELF-INCRIMINATION. (¿marcha triunfal del procedimiento penal americano en el mundo? Parte General (trad. Son estas cortapisas para retribuir adecuadamente la renuncia al juicio oral que efectúa el requerido o acusado, las que han llevado a que el MP sistemáticamente modifique sus requerimientos y acusaciones, así como las penas pretendidas, mucho más allá de la mera incorporación de la atenuante del artículo 11 Nº 9 del CP al juego operativo de las normas de determinación de pena, incurriendo en diversas prácticas de cuestionable legalidad, incluso en contravención a los dictámenes de la autoridad máxima del propio MP, la que uniforme y reiteradamente ha desestimado la alteración de cargos en la acusación, instruyendo a los Fiscales –sin éxito por cierto– que "se atengan estrictamente al mérito de la investigación y no modifiquen su acusación por delitos de menor penalidad, con el objeto de llegar a un procedimiento de esta naturaleza, pues ello es contrario al principio de legalidad"32. 203-215. 459-502. 53 Sosteniendo, con la minoría de la doctrina, la obligatoriedad de la rebaja de pena por concurrencia de circunstancias atenuantes, Mañalich (2010) pp. 39 Igualmente patente es lo discrecional del cambio de calificación en la Ministerio Público con Muñoz (2007). Ley Nº 20.074, de 14 de noviembre de 2005, modifica los Códigos Procesal Penal y Penal. En esta materia la doctrina ha entendido principalmente que la modificación de la acusación puede consistir en la retirada de hechos –v.gr. Así, por ejemplo, en causa RUC Nº 1100231952-9, del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, sentencia de 17 de abril de 2012, el MP presentó requerimiento de procedimiento simplificado por el siguiente hecho: "(...) cuando personal de carabineros lo sorprendió en estado de ebriedad conduciendo el camión (...), el cual quedó evidenciado no solo por su incoherencia al hablar y rostro congestionado, sino además por el examen de alcoholemia que se le practicó, el cual arrojó que el imputado conducía con 2.13 gramos por mil de alcohol en la sangre". II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León (Madrid, Ministerio de Justicia) pp. Cury29, ya antes de la entrada en vigencia del CPP, anticipaba la necesidad de reformar la ley penal sustantiva, pues su sistema de determinación de pena dejaba al Fiscal sin opciones de negociación con el imputado. b) Segundo supuesto: el querellante requiere en su acusación una pena superior a la pretendida por el MP, pero inferior a cinco años y un día de presidio o reclusión menores en su grado máximo, basándose en los mismos hechos de la acusación del MP, pero proponiendo una calificación jurídica de los hechos, atribuyendo una forma de participación, o señalando circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación. Ministerio Público con Campos (2011): 6º Juzgado de Garantía de Santiago, RUC Nº 1100917253-1, de 24 de octubre de 2012. Sobre el exigente examen de admisibilidad requerido por la doctrina argentina para la procedencia del juicio abreviado, v. Cafferata (2000) pp. (Dir.) Sánchez con Moreno (2013): 9° Juzgado de Garantía de Santiago RUC Nº 1000549851-7, de 27 de enero del año 2013. Si se admitiera como objeto del procedimiento abreviado a hechos comprendidos en la acusación particular, mas no en la acusación fiscal y, por tanto, no aceptados por el imputado, se vulnerarían los artículos 1° –que reconoce el derecho a un juicio oral– y 406 del CPP –que establece como presupuesto del procedimiento abreviado la expresa aceptación del imputado de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundaren–, preceptos que suponen necesariamente la voluntaria renuncia del acusado a defenderse de los cargos en el juicio oral como esencial justificación de su legitimidad73. Principio de intervención mínima. ). WebTraducciones en contexto de "principio de obligatoriedad" en español-inglés de Reverso Context: Una ley de octubre de 1985 establece el principio de obligatoriedad de … el tránsito de hurto consumado a frustrado21–, de suerte que el encuadre jurídico del material fáctico de la acusación no puede perderse de ese norte e inflarse por el MP precaviendo las utilidades que ello le reportará en una eventual negociación, y por otro lado, confiándose que de no prosperar esta, será corregida por el tribunal en su fallo. 57 Erróneamente se sostuvo lo contrario Ministerio Público con Allende (2006), que en apelación de sentencia de procedimiento abreviado, elevó la pena a 5 años y un día de presidio, en vez de declarar improcedente este procedimiento conforme a lo previsto en el inciso 2° del artículo 414 del CPP. 50-112. Díez-Picazo, Luis María (2000): El poder de acusar, Ministerio Fiscal y Constitucionalismo (Barcelona: Ariel). 66 No obstante ello, podemos encontrar jurisprudencia que apunta en el sentido por nosotros desestimado, v. Ministerio Público con Marín (2004). 270-271. Horvitz, María Inés y López, Julián (2005): Derecho Procesal Penal Chileno (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, T. I y II). Ministerio Público con Gómez (2008): Corte de Apelaciones de Rancagua, ROL Nº 186-2008, de 2 de junio del año 2008. El principio de legalidad, se encuentra proclamado en el art.25 de la Carta Magna -EDL 1978/3879- al disponer que «nadie podrá ser condenado o … ABSTRACT: This article states that the national regulation does not take into account, in respect of procedures based on self-incrimination, suitable procedural controls on the mandatory exercise of penal action according to the substantive law that should boost the prosecution by law, leaving as a result, multiple, large and important spaces to abandonment or degradation of its exercise of discretion, thus reversing the original model of procedural coding, as displaces in the forensic field, the discretion as to the binding rule in criminal prosecution. XXVI – Nº 1 – Julio 2013 Páginas 181-208 Principios de obligatoriedad y discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal … 14 Sobre la incidencia del incremento sostenido de los procedimientos basados en la autoincriminación que aquí se estudian en la punición efectiva de la eventual segunda condena (reincidencia) v. Salinero (2012) p. 132. Quintero, Gonzalo, Morales, Fermín y Prats, Miguel (1996): Curso de Derecho Penal. Maier, Julio (1989): Derecho Procesal Penal Argentino (Buenos Aires, Hammurabi, T. I, vol. 1. 6 Podría también entenderse que se presentan en el procedimiento monitorio (artículo 392 CPP), ya que este implica la autoincriminación tácita por parte del imputado, en el caso que no manifestare de cualquier modo fehaciente su falta de conformidad con la imposición de multa o su monto. La noción fuente de derecho puede definirse como el procedimiento a través del cual se produce, … 1003 revista chilena de derecho, vol. … El principio de proporcionalidad o prohibición del exceso, constituye un principio general del Derecho que rige el establecimiento y aplicación de toda medida … Comencemos trayendo a colación el texto del inciso 1° del artículo 395 del CPP: "Una vez efectuado lo prescrito en el artículo anterior, el tribunal preguntará al imputado si admitiere responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento o si, por el contrario, solicitare la realización de la audiencia. 201-234. Principio de obligatoriedad de la acción penal en el sistema procesal penal chileno Pese a su tradición procesal-penal legalista, retribucionista e inquisitoria … 16 v. Mera (2004) p. 253; Horvitz (2005) T. II, p. 522; y, Del Río (2009b) p. 75. 12 del CPP. El procedimiento abreviado contempla un examen de admisibilidad de la procedencia del mismo llevado a cabo por el Juzgado de Garantía, resultado del cual este aceptará o desestimará la solicitud de juicio abreviado. Cerda, Rodrigo (2003): Etapa intermedia, juicio oral y recursos (Santiago, Librotecnia). 290-291. Chahuán, Sabas (2007): Manual del Nuevo Procedimiento Penal (Santiago, LexisNexis, tercera edición). 52 Igualmente en Tagle con Fuster (2010), consta que, concurriendo dos atenuantes, el MP requiere penas de 77 días de presidio por delitos de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, el que tiene asignada una pena de presidio menor en su grado máximo. 79 Maturana y Montero (2010) T. II, p. 1083, confirman la imprevisión de un derecho a oposición del querellante en los términos del procedimiento abreviado. Webel principio de obligatoriedad en el ejercicio de la acciÓn penal en los procedimientos jurisdiccionales basados en la autoincriminaciÓn the principle of mandatory …
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