Así, el objetivo que marca la pauta de racionalidad de cada decisión social es la búsqueda, en el caso concreto, de la satisfacción de los intereses personales de la mayor cantidad de socios y exigiendo, en simultáneo, el menor sacrificio posible de quienes puedan verse afectados. (g) El efecto dotación, que consiste en que el precio máximo que estamos dispuestos a pagar por un bien o por un servicio es inferior al que estamos dispuestos a recibir por ese bien o servicio, si ya nos pertenece. (24) JENSEN, M. C. – MECKING, W. H., «Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure», Journal of Financial Economics, 3:305:360, 1976. No toma en cuenta la racionalidad y coherencia de los fines y medios de la decisión. ), «Código Civil y Comercial de la Nación comentado», Ed. Civ. (55) COSTE, Diego – BOTTERI, José D., «El derecho de separación del socio», cit. 1 a 400).pdf, Consentimiento informado en la prestación de servicios de salud Informed consent in the provision of health services, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado Tomo I Código Civil y Comercial de la Nación Comentado Tomo I, Autonomìa de la voluntad en el nuevo CCyCN, LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD O AUTONOMÍA PRIVADA EN EL CÓDIGO CIVIL, Estudios de derecho civil li~1■@BULLET■ !universidad nacional auldnarna de méxico, BASES PARA UNA DECONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE RESCISIÓN POR LESIÓN. (c) Elección de los medios que resulten instrumental o funcionalmente más eficientes para la sociedad a los efectos del logro de los objetivos propuestos (68). Las trampas del azar», Ed. De ese modo, sujetándose a un número suficiente de normas imperativas, se reducen sustancialmente los costos de transacción (cfr. El ser humano no es tan racional como parece. 3. Admitir esa tesitura permitiría terminar con los conflictos societarios mediante una única acción judicial, evitando el dislate que significa la práctica actual, que involucra numerosas acciones de diferente naturaleza y durante un lapso prolongado de tiempo, sin que ninguna de ellas pueda poner fin en sí misma al conflicto, pues no obligan a una de las partes a adquirir la participación de la otra a un valor determinado. La aplicación del principio de la autonomía de la voluntad en la celebración de contratos. y Com. Llegados a este punto entendemos conveniente recordar la hipótesis formulada al inicio de este trabajo: dejar sin efecto por vía estatutaria los derechos esenciales de los socios puede dar lugar a abusos incompatibles con los pretendidos beneficios de la libertad contractual, pudiendo provocar en el futuro, en nuestra Argentina pendular, un intenso intervencionismo estatal. A todo evento, una flexibilización acorde con las necesidades específicas del mercado podría avanzar gradualmente en reformas puntuales a la Ley General Societaria tendientes a ese objetivo. Quienes sostienen la tesis contractualista se oponen a toda clase de normas imperativas y exigen que el Estado desempeñe un papel limitado en la regulación de la actividad individual, restringiéndose a brindar un conjunto de reglas supletorias que los administradores pueden o no realizar. La Ley, Buenos Aires, 2009, t. III, nro. (60) El Dr. Claudio C. Cacio sostuvo, en un sonado caso, que no era necesario ingresar en consideraciones morales, cuando no caben dudas acerca de que ciertos hechos comportan malas costumbres. Si se intenta objetivar el término ingresamos en una problemática similar a la del orden público (60). La debilidad no debería ser asumida ciegamente, sin matices, porque la convivencia se ve afectada negativamente en virtud de sensaciones de injusticia, generándose un círculo vicioso donde el daño mayor se produce como consecuencia necesaria de preconceptos incompatibles con la realidad. Bajo el ideal de la autonomía privada se presume que los empresarios argentinos buscarán, con toda su creatividad e inventiva, las mejores soluciones para conducir los negocios con la menor injerencia posible del Estado, sin sufrir las consecuencias de sus propias regulaciones y complicando burocráticamente todo el aparato productivo. Como ha señalado esta Corporación esta concepción racionalista de la autonomía de la voluntad privada, edificada alrededor de los postulados del Estado liberal, se manifestaba en las siguientes características:  (i) El reconocimiento de una plena libertad para contratar o no, en principio en virtud del solo consentimiento; (ii) la libertad de los individuos de determinar el contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos, con el límite del orden público, entendido de manera general como la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas, y de las buenas costumbres; (iii) la actividad negocial se dirigía exclusivamente a la regulación de los intereses particulares, es decir, a la consecución de un estado de felicidad individual; (iv) en caso de duda, en la interpretación de una manifestación de voluntad, siempre debía estarse a la voluntad de los contratantes, sin que el juez pudiese proceder a determinar otro tipo de efectos jurídicos[5]. Sin embargo, con la excepción de tribus bastante aisladas, como los machiguenga del Perú, los respondedores suelen rechazar ofertas inferiores al 20% del total de las unidades monetarias (36). Buscar Ensayos y trabajos; Registrarse; … cit., t. V, ps. – BOUDON, Raymond, en sus obras «Las ciencias sociales en discusión», cit., y «La racionalidad en las ciencias sociales», cit., respectivamente. Civ. (38) Es ilustrativo leer KURAN, Timur – SUNSTEIN, Cass R., «Availability cascades and risk regulations», Stanford Law Review, 51, 1999, ps. En cuanto a la afirmación de la teoría económica clásica relativa a que los agentes económicos tienen información perfecta, su refutación no requiere demasiado esfuerzo: cualquier persona que ha tenido experiencia empresarial sabe que la condición normal para la toma de decisiones es un contexto de incertidumbres y que el acceso a la información más completa disponible es demasiado costoso o directamente prohibitivo y reservado para empresas que realmente tienen poder de mercado. (52) ALTERINI, Jorge H. (dir. Si la otra parte la rechaza, ambas se quedan sin nada. No estamos afirmando que los accionistas sean débiles y que solo por eso merezcan la protección de la ley. queriendo significar la equivalencia inequívoca de los dos (g) Si los objetivos planteados no son, luego, perseguidos y ejecutados por los controlantes sobre la base de los términos y condiciones fijados en la decisión racional planteada, se deberán distribuir de inmediato las utilidades reservadas o reducirse el capital social de manera tal que la situación vuelva al estado original a fin de que los minoritarios no sufran ningún perjuicio. 13, 55, 67, 68, 69, 239, 241, 248, 271 y 272 de esa misma ley (15). (al igual que en la Argentina) demuestra que los socios no cumplen con el estándar esperado por las doctrinas de la elección racional, quedando situados en una posición de gran vulnerabilidad frente a los controlantes. Según estas teorías, además, cuando la decisión involucra a dos o más personas, los fines y los medios tienen que ser coherentes con las creencias compartidas por los integrantes del grupo (63). Esto significa en términos prácticos que la negociación, celebración, interpretación, ejecución y conclusión de contratos, entre otros ejemplos, quedan sujetos inexorablemente a los principios citados sin necesidad de otras normas específicas (2). (64) BUNGE, Mario A., «Las ciencias sociales en discusión», cit. La realidad en los EE.UU. La buena fe en sentido objetivo se refiere al comportamiento honesto que debe desplegarse en todas las relaciones jurídicas. 301 - 350. 537 y ss. FIDAS, Buenos Aires, 2018; MESSINA, Gabriel E. – SÁNCHEZ HERRERO, Pedro, «Autonomía y eficiencia de la sociedad por acciones simplificada», LA LEY, 2018-C, 938; AR/DOC/1158/2018. y Com., pues no puede admitirse la validez de una decisión social irracional. La ley 27.349 se sostiene, entonces, en la teoría económica estándar o clásica, que establece que es posible predecir la conducta de los seres humanos y, a partir de allí, diseñar soluciones para una mejora en la convivencia social, confiando en que siempre se comportan impulsados por los siguientes principios: (a) principio del comportamiento adaptable: los agentes siempre actúan de manera apropiada según la situación en la que se encuentran; (b) principio de racionalidad instrumental: los agentes siempre adoptan los medios que produzcan con mayor probabilidad los resultados deseados; (c) principio de racionalidad económica: los agentes siempre actúan para maximizar sus utilidades esperadas; (d) principio del menor esfuerzo: los agentes siempre escogen el medio menos caro para alcanzar sus metas; y (e) principio de la racionalidad subjetiva: los agentes siempre actúan según sus creencias acerca de la situación en la que se encuentran, así como según sus creencias acerca de los medios más adecuados y las posibles consecuencias que puedan tener sus acciones para ellos mismos y para los demás, y apuntan a las consecuencias que juzgan mejores. (2) En ese contexto es técnicamente incorrecto hablar de cambio de paradigma, pues para ello debería existir un quiebre definitivo con los postulados fundamentales del paradigma anterior, de manera tal que los problemas planteados y el modo de resolverlos sean tan diferentes que no puedan ser comparados entre sí (inconmensurabilidad). No se está exigiendo el éxito del objetivo planteado (que es aleatorio), sino que se requiere que dicho objetivo sea realmente intentado mediante la ejecución de la estrategia descripta, fundada racionalmente en la decisión social que justificó el aumento de capital o la constitución de reservas pertinentes. 20 . Civ. 21 del Cód. En efecto, sostienen que las regulaciones del Estado basadas en presiones de los ciudadanos probablemente queden sujetas a las mismas desviaciones y problemas que motivaron la presión. Es decir, las percepciones irregulares acerca del riesgo de una determinada situación, por parte de los ciudadanos, pueden producir irregularidades en la regulación que no solo no resuelven nada, sino que pueden acentuar el problema. ), ob. cit., t. I, comentario al art. ), «The Oxford Handbook of Analytical Sociology», Ed. Entonces, la autonomía privada es un poder de creación, modificación o extinción de las relaciones jurídicas, y es aquí donde se concretiza la autonomía privada. Sin embargo, sin un cambio sistémico que conceda una verdadera posibilidad a los empresarios argentinos para competir con crédito razonable, impuestos posibles de pagar y seguridad jurídica laboral, no hay figura jurídica que vaya a encauzar la energía creativa en niveles que permitan mover el amperímetro productivo hacia arriba. Se pueden consultar las siguientes obras: SEN, «Choice, welfare and measurement», Ed. La protección de los socios minoritarios para la mayoría de las sociedades cerradas en aquel país proviene de Estados como Nueva York, Massachusetts y Nueva Jersey, y se refleja en la Model Business Corporation Act (MBCA) (37). Allí explican que al emitir regulaciones hay que tener muy en cuenta el efecto cascada, consistente en una cadena autosostenida de acontecimientos que puede comenzar por reportajes en los medios de comunicación sobre un acontecimiento que podría estimarse como de importancia menor y llegar hasta la histeria colectiva con la consecuente intervención del gobierno a gran escala. Esto no quiere decir que deba considerarse como óptimo el actual esquema intervencionista de la LGS, sino que la sanción de la ley 27.349 ofrece una oportunidad y un desafío: ampliar la libertad en la estructura jurídica de los negocios, sin caer en los abusos que a mediano plazo podrían retraer el sistema hacia el extremo contrario, o hacia su derogación. ¿Cómo se puede determinar el abuso? Buscar Ensayos y trabajos; Registrarse; Iniciar sesión; Contáctenos; Acontecimientos Sociales (282.833) Biografías … 147 y ss. WebLa autonomía privada, en nuestro sistema jurídico, se sustenta en el principio constitucional de que "nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no … Es decir, si fuese más beneficioso salir de un negocio donde se invirtió dinero (aun no recuperando dicha inversión) que permanecer en él, lo racional en los términos de la teoría clásica sería que el agente se retire del negocio. "La autonomía de la voluntad privada consiste en el reconocimiento más o menos amplio de la eficacia jurídica de ciertos actos o manifestaciones de voluntad de los particulares. cit., ps. 53 y ss. Un ejemplo más cercano a los profesionales del derecho puede ser el costo hundido de haber dedicado mucho esfuerzo y tiempo a una idea de defensa que luego se advierte como incorrecta. Civ. Ya hemos visto en el apartado anterior que se trata de un asunto delicado, donde está en juego la intromisión del Estado en el ejercicio de las libertades económicas y sus efectos en el mundo real. Austral). Si el teorema se aplicase, una vez definido el derecho, las partes tendrían el incentivo para negociar de acuerdo con el valor que cada uno asigna a ese derecho. (42) LORENZETTI, Ricardo L. Por favor, vuelve a intentarlo. Academia.edu no longer supports Internet Explorer. Civ. (40) TALEB, Nassim N., «¿Existe la suerte? En el ámbito contractual, consiste en la libertad que tiene una persona para: (a) decidir si quiere contratar; (b) decidir con quién contratar; y (c) fijar el contenido del contrato (7). El problema gira en torno al análisis de la conveniencia, o no, de dar primacía a la autonomía de la voluntad por sobre las normas imperativas de la LGS, con distintos grados de intensidad dentro de todo ese rango de posibilidades. a la SAS. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. La problemática emanada de la prohibición absoluta de venta de predios privados que han sido cobijados por parques naturales a alguien diferente al estado colombiano. Civ. Sin embargo, la ira suele impedir que la teoría aséptica se aplique, en ninguno de los casos estudiados (THALER, Richard H., «Portarse mal», Ed. ¡Comprueba tus direcciones de correo electrónico! Incidencia de la buena fe en la SAS. ¿En qué medida? s. aaVeDRa. ), entre las cuales podemos citar los arts. Esta moralidad está vinculada con los aspectos axiológicos considerados en este trabajo, y en síntesis comporta lo siguiente: es bueno procurar el beneficio individual y social. El interés social, como valor, exige que la elección de los medios para el logro de los objetivos sociales necesarios para la sustentabilidad del sistema genere el menor sacrificio posible para los socios (65). La fórmula final sería la siguiente: «Un medio M para un objetivo O es, a priori, instrumental y moralmente racional si y solo si M es necesario y suficiente para O y O satisface un interés legítimo sin poner en riesgo intereses legítimos de otras personas. Resumen. Hemos preferido el de Mario A. Bunge, porque este último logró un grado de formalización superior, facilitando la aplicación del criterio a casos concretos del ámbito societario. El riesgo de excluir las normas imperativas de la LGS por un sistema de autonomía privada total en la SAS expone a este nuevo tipo societario a las vicisitudes y a los imponderables que pueden derivarse de la aplicación del Título Preliminar y de ciertas normas específicas del Cód. [CDATA[ 5. El art. Contemporary approaches», Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1989. Y la utilidad limitada fue demostrada a través del juego del ultimátum: las personas suelen rechazar ofertas que, según la teoría económica estándar, deberían ser aceptadas. 150 del Cód. (4) COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H., «El principio de autonomía de la voluntad y sus límites (somero análisis de lo propuesto en el Proyecto de Código Civil de 1998)», JA 2000-III-959, AP 003/007714. El exultante recibimiento académico al homo economicus en la SAS, aun con sus imperfecciones, es comprensible porque durante años se tuvo en frente lo que podríamos denominar, para seguir la línea latina, al homo burocraticus regulatorius, tan irracional como el primero y sin tener, siquiera, la piel comprometida en el juego, lo que lo hace aún más peligroso (menos eficaz y eficiente) (40). en la SAS a través de sus principios y normas generales: buena fe, abuso del derecho, moral y buenas costumbres, dotando de sentido y alcance a cada uno de esos términos en nuestro caso particular y los riesgos de su imprecisión. 33 de dicha ley— los arts. (66) En las sociedades abiertas, más allá del esquema Modigliani-Miller, que ha sido objeto de sólidos cuestionamientos, el financiamiento interno también tiene costos relevantes que se traducen en las expectativas del mercado en torno a la política de dividendos como elemento para decidir invertir en la empresa. Tomemos como ejemplo un caso que se suele dar en el ámbito de las sociedades regulares de la ley 19.550, pero que puede servir como disparador para conflictos que eventualmente se desarrollen en el seno de una SAS, porque, más allá del contenido de los intereses en conflicto, el sistema racional para la solución es el mismo. Tampoco consideramos que todos los consumidores o todos los empleados sean débiles en todas sus relaciones con las empresas, fundamentalmente las mipyme. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1993, t. II, ps. El presente trabajo elabora un análisis respecto al rol, posicionamiento y alcances de la autonomía de la voluntad de las partes en el mundo contemporáneo -especialmente en el Perú-en la elección de la ley aplicable a los contratos internacionales, y sobre el papel de los factores de conexión subsidiarios en el marco de un proceso judicial. Hammurabi, Buenos Aires, 1997, p. 92). El art. y Com. 2. Nombre: Suri Vianey Moreno López Emmanuel Rodríguez Álvarez Héctor Fernández Romero Julio Cesar Palacios Santos Julio Cesar Correu Alducin Materia: Ética y Valores Grupo: Introducción. 53 y ss. Tecnos, Madrid, 1982). Consideramos que son los enfoques más modernos y depurados acerca de la teoría de la decisión y acción racional, superadoras de las críticas que se han hecho a las teorías de la elección racional. Es el caso del aumento de capital o la constitución de reservas facultativas para el logro de determinados objetivos estratégicos a mediano o largo plazo. La burocracia carece de compromiso personal en el resultado de sus propias regulaciones por las dificultades para atribuirles responsabilidades de tipo civil o penal (38). 11, inc. 5º, de la LGS. (11) NISSEN, Ricardo A., «La sociedad por acciones simplificadas», Ed. A ambos grupos se les dieron los folletos correspondientes, donde estaba contenida toda la información relevante del inmueble y el mercado, como así también una tasación de referencia. A mi juicio, ni los elementos técnicos, políticos, sociales y culturales son exógenos. Un dato de ello es el orden cronológico en el que otorgaron los Premios Nobel de Economía (19): Friedman (1978), Miller (1990), Coase (1991), Becker (1992), por el lado de la doctrina económica estándar; y luego Kahneman (2002), Tirole (2014) y Thaler (2017), por el lado de la doctrina conductista, que cuestiona a la primera. AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1986, p. 35, citado por LOUTAYF RANEA, Roberto G., «Abuso del derecho», SJA del 17/06/2015, 24; AP AP/DOC/512/2015. Los límites a la autonomía de la voluntad: normas imperativas, indisponibles y de orden público. Desde esta perspectiva el rol estatal se limitaba a: (i) la consagración de una cláusula general que permitiera a los particulares ejercer su libertad contractual; (ii) la interpretación de la voluntad de los agentes en caso de duda o ambigüedad en los acuerdos de voluntades celebrados por los particulares  y; (iii) la sanción coercitiva en caso de su incumplimiento. Civ. Por lo que al negocio jurídico se refiere delimitaremos su concepto, clases y estructura, y también analizaremos sus posibles vicios, su eficacia (que puede quedar sometida a (function(){for(var g="function"==typeof Object.defineProperties?Object.defineProperty:function(b,c,a){if(a.get||a.set)throw new TypeError("ES3 does not support getters and setters. (b) El ejercicio sin interés: es, tal vez, la forma más simple de identificar cuándo el ejercicio de un derecho carece de todo sentido y debe ser sancionado si causa un daño a terceros. La Ley, Buenos Aires, 2004, t. I, ps. El Contrato Celebrado Bajo Condiciones Generales, Derecho Privado y Medio Ambiente- Homenaje a Fernando Hinestrosa, El Pleno Casatorio sobre transacción extrajudicial y los contratos contaminados, Los límites de la autonomía contractual en el capitalismo del mercado global, La tutela constitucional de la autonomía contractual. Los límites se fijan a través de normas jurídicas que se imponen a la voluntad de los particulares, por normas que no pueden ser dejadas de lado por las partes de un contrato, ni siquiera cuando todas están de acuerdo en hacerlo. y Com. Existen numerosas posibilidades de inversión menos riesgosas y debe asumirse que el inversor se informó adecuadamente acerca de la calidad del management. (62) En este trabajo hemos seguido, fundamentalmente, el enfoque de BUNGE, Mario A. gral. WebEl significado del concepto es obvio: autonomía de la voluntad es el derecho que el ordenamiento confiere a los particulares de darse su propio estatuto jurídico, de reglar sus … Civ. (67) En este supuesto estaría en juego el respeto de la causa-fin objetiva. Igualmente ha indicado que esta institución tiene claros fundamentos filosóficos pues se trata de una expresión del pensamiento liberal de la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX[3], cuyo punto de partida era la teoría de los derechos naturales del individuo, es decir, la idea de unas libertades previas a la existencia del Estado. (Cfr. (9) STIGLITZ, Rubén S., «Un nuevo orden contractual en el Código Civil y Comercial de la Nación», LA LEY, 2014- E, 1332; ADLP 2014 (noviembre); AR/DOC/3668/2014. Los que niegan la posibilidad de disponer de las normas imperativas de la ley 19.550 por vía estatutaria (11). Parte general», Ed. Entre los artículos de doctrina nacional recientes, encontramos un trabajo muy destacable de Messina y Sánchez Herrero, quienes, luego de tratar este asunto con solvencia, concluyen que las premisas de la ley 27.349 son falsas en cuanto a su punto de partida, porque los socios de la SAS carecen de la racionalidad del homo economicus y que, por tal motivo, la autonomía de la voluntad no podría excluir la aplicación de las normas imperativas de la ley 19.550 (31). La teoría económica resulta claramente insuficiente porque ignora la estructura social y las mutaciones y las cambiantes relaciones de poder que emergen de todo ello. Resolver este aspecto, o al menos intentar darle un cauce predecible, nos exige delimitar su influencia en el mundo societario: ¿qué es moral y buenas costumbres en el ámbito societario? 139-140). Hemos tratado estos temas en nuestro trabajo anterior sobre opresión societaria, y sus conclusiones son también aplicables al caso de la SAS (48). Todas estas explicaciones pueden resumirse en un argumento bastante simple: cuando se pretende afectar el interés de alguien, hay que explicarle muy bien los motivos. Las opciones con las que cuenta la sociedad serían básicamente dos: financiamiento interno o del mercado. (13) VÍTOLO, Daniel R., «La sociedad anónima simplificada», LA LEY, 2016-E, 1134; AR/DOC/3076/2016; MARZORATI, Osvaldo J., «La sociedad anónima simplificada. – MEANS, Gardiner C., fundamentalmente: «The modern corporation & private property», Ed. Haremos foco en la ideología subyacente a cada postura y, sobre todo, a los nuevos estudios generados por los economistas conductuales (varios de ellos laureados con el Premio Nobel de Economía) para acercarnos, desde la ciencia, a la capacidad real de los seres humanos para definir qué es lo que quieren y cómo lograrlo (3). ¿Qué hacer entonces? Luego serán de aplicación las normas supletorias de la ley 27.349 y las restantes normas de la LGS —que respecto de la SAS son consideradas mayoritariamente como supletorias—. y Com., que sería de aplicación obligatoria por sobre las regulaciones contractuales de la SAS. 9º, 10, 12, 958, 960, 962, 991, 1011, 1012, 1013, 1061 y 1067 del Cód. Si sabe lo que quiere, no sabe cómo lograrlo. Veremos en el apartado III que en el caso de la SAS argentina probablemente suceda todo lo contrario. art. También ver LORENZETTI, Ricardo L., ob. ), «Código Civil y Comercial de la Nación comentado», Ed. Del mismo modo, un medio M es moralmente racional si y solo si el medio es necesario y suficiente para aquel O». Asumir que los seres humanos actúan sobre la base de esos principios provocó que los economistas, con fines pedagógicos, crearan un ser ficticio: el homo economicus, a quien le atribuyeron racionalidad absoluta en la toma de decisiones. Hasta aquí está expuesto un diseño de racionalidad instrumental, es decir, una elección de medios eficientes desde el punto de vista funcional para el logro del objetivo planteado, tomando en consideración los posibles efectos colaterales indeseados. Civ. En este mismo sentido se expide Vergara, al sostener: «el contrato es una herramienta al servicio de la realización de los intereses privados. Así, numerosos estudios de economía conductista demostraron, como ya adelantamos, que el ser humano no es tan racional como lo sostiene la teoría económica clásica. @d§Å6,?üžD‚”]ËF”[p?T({tî@HqA£Mü]xˆ‚co~œÏ®h@Äæˆg•Í-:ß[Ñæ$¼®Õ0å_˜ ?ô{BÑ›“a‘ðZɓ급F#¹[‡ S³ðCŸÙ$¬JS»ïê`ª” ^åœl2QÎU›ŒÌµµÿNÕÀ"-²¥ÌØÆaW­4´hkWmëô'5uŠ{föïcN׍1BóHm)ÞØæ²äšÌ ýÄ8@HÂûo±Á¦58Ö´rgªt ZYqÕ9øKEz²§Öñ‘Ýêªu:òZJƒ0¸*±hëR¤BÄ_eMÁ%k~|ȅu?Þ>¼ËäZl contratación estatal dicho principio. Civ. El principio de autonomía de la voluntad así formulado sería rápidamente reconocido por los ordenamientos jurídicos, especialmente por el Code Civil francés y tendría consecuencias inmediatas en materia contractual: las condiciones de fondo y de forma de los contratos, se edifican sobre la expresión del consentimiento, igualmente la fuerza obligatoria de los convenios privados se explica por el respeto de las voluntades individuales. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. (32) KAHNEMAN, Daniel, «Pensar rápido, pensar despacio», Ed. El asunto no es meramente académico, porque las palabras y su contexto provocan sensaciones. Esto se relaciona, naturalmente, con los costos de agencia, que son aquellos provocados por los conflictos de intereses entre accionistas, acreedores y administradores de una sociedad, quienes deben invertir tiempo y dinero solo para proteger sus derechos cuando se relacionan entre sí. Paidós, Buenos Aires, 2011; «El cisne negro», Ed. Dover, Nueva York, 1989; MOSER, «Rationality in action. Respuesta:Autonomia de la voluntad y autonomia privada - LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA. Paidós, Buenos Aires, 2011; «Antifrágil», Ed. El significado del concepto es obvio: autonomía de la voluntad es el derecho que el ordenamiento confiere a los particulares de darse su propio estatuto jurídico, de reglar sus relaciones por ellos mismos, de acuerdo a su conveniencia y criterio, pero siempre dentro del marco de las limitaciones que el orden público les impone. ":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function B(){var b={},c;c=document.getElementsByTagName("IMG");if(!c.length)return{};var a=c[0];if(! Esto es así porque el art. Una clásica aplicación de esta teoría es la business judgement rule, cuyo análisis excede este trabajo; remitimos a nuestro estudio previo sobre este tema. 553 y ss. 1-44. ; THALER, Richard H. – SUNSTEIN, Cass R., «Un pequeño empujón», Ed. (e) Tanto la sociedad como los socios deberán buscar y generar los medios mencionados en el ítem d). y Com. (58) LORENZETTI, Ricardo L., ob. 34, 1984; y TVERSKY, Amos – KAHNEMAN, Daniel, «El juicio bajo incertidumbre: heurísticas y sesgos», Science, vol. 9º del Cód. (49) Arts. WebEl principio general de la autonomía de la voluntad, indiscutiblemente, es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales descansa nuestro Código Civil. En segundo término, las normas imperativas de la ley general (Cód. 10, p. 79. Su consideración excedería el límite conveniente de este trabajo. (54) SCHNEIDER, Lorena R., «El control societario y los abusos de mayoría, de minoría y de socios en posición equivalente», LA LEY, 2017-A, 919; AR/DOC/214/2017. Se habla, incluso, de un cambio de paradigma con efectos disruptivos en el derecho societario (1). Civ. En cambio, el llamado Premio Nobel de Economía fue creado por el Banco Central de Suecia a partir del año 1969 y se denomina Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. Civ. El contrato entre poder público y poder privado, Tomo I - Titulo Preliminar Personas y Acto Juridico, CODIGO CIVIL COMENTADO - TOMO I - PERUANO - PRELIMINAR PERSONAS Y ACTO JURIDICO, PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL PRINCIPIO DE ORDEN PUBLICO REFERIDO A LOS BIENES COLECTIVOS, TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE DOCTOR EN DERECHO LAS PATOLOGÍAS Y LOS REMEDIOS DEL CONTRATO, DERECHO CIVIL III CONTRATOS Profesora: Dra. Mucho se ha debatido en torno al vínculo de las normas imperativas con el orden público. El Dr. Bunge arremete resueltamente contra las teorías clásicas y neoclásicas, sin que escapen a su análisis crítico las concepciones marxistas (…). A fin de cumplir con la segunda meta, trataremos la incidencia del Cód. y Com. ), ob. cit., t. V, ps. y Com., entre otros. c. Aquellos que resaltan las ventajas o desventajas de la mayor libertad contractual, pero que no se expiden categóricamente sobre el tema (13). Es por ello que dedicaremos un estudio especial a este asunto, exhibiendo los argumentos a favor y en contra de los presupuestos de esa versión de la autonomía privada y su potencial efecto en nuestro país, hoy en día. gral. (f) En el supuesto de que esta última elección no sea viable, se deberá ofrecer la justificación técnica y contextual por intermedio de la cual los objetivos planteados solo pueden lograrse mediante un aumento de capital o la constitución de reservas facultativas. LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD Y DERECHO COMERCIAL 19 INTRODUCCION: Por: Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar Abogado U.P.B. cit., t. I, p. 63. Cambridge University Press, Cambridge, 1993; COLEMAN, «Foundations of social theory», Ed. Es muy importante aclarar que cuando la doctrina societarista mayoritaria argentina aborda estos temas mencionando derecho norteamericano, se refiere al régimen societario en el Estado de Delaware, que está reservado al análisis, casi exclusivo, de las grandes corporaciones de capital abierto. Civ. Sobre el concepto de orden público, el marqués Vareilles-Sommierès [un agudo pensador francés cuya doctrina sobre la personificación jurídica es de lectura obligada (43)] sostuvo que intentar definirlo era «un suplicio para la inteligencia» (44). A partir de la Exposición de Motivos de la ley 27.349, de los artículos publicados hasta el momento y de los debates desarrollados en las esclarecedoras II Jornadas Nacionales sobre SAS celebradas durante los días 25 y 26 de octubre en la Universidad Nacional de Cuyo, se advierte que la defensa casi irrestricta de la autonomía privada se funda en una extraordinaria confianza sobre las capacidades de los individuos y en una férrea convicción acerca de la conveniencia de dejar que cada individuo maneje sus propios asuntos como mejor le parezca, bajo el riesgo, incluso, de equivocarse. … En el Diccionario Jurídico Espasa, Límites De La Autonomía De La Voluntad Privada se define como: La autonomía en modo alguno puede tener carácter … art. ");b!=Array.prototype&&b!=Object.prototype&&(b[c]=a.value)},h="undefined"!=typeof window&&window===this?this:"undefined"!=typeof global&&null!=global?global:this,k=["String","prototype","repeat"],l=0;lb||1342177279>>=1)c+=c;return a};q!=p&&null!=q&&g(h,n,{configurable:!0,writable:!0,value:q});var t=this;function u(b,c){var a=b.split(". Esta última versión es la que constituye la base filosófica del denominado neoliberalismo, sobre la cual se asienta la doctrina nacional que reclama el máximo nivel de autonomía de la voluntad en el ámbito de la SAS. Sin embargo, un análisis más global no impide ver cómo esa realización personal contribuye de algún modo a la realización de intereses más generales. Galileo, Newton y Einstein no se animaron a tanto. También tratamos este asunto en varios trabajos previos (30). Tal como lo mencionamos al inicio, el Cód. Valen los mismos comentarios que hemos realizado sobre la dificultad de delinear el contorno del orden público. (33) Sobre el teorema de Coase sostuvo Bunge: «Sólo es válido en casos simples, a saber, cuando las partes y sus derechos de propiedad son claramente identificables y los daños pueden ser valorados, como cuando la cabra del vecino deambula por mi huerta y devora una cantidad conocida de repollos. Debate, Buenos Aires, 2018, ps. Se conformaron dos grupos de agentes inmobiliarios para que tasen un inmueble. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. La Ley; «El interés social desde un enfoque diferente», ponencia presentada en el XII Congreso Argentino de Derecho Societario y VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, Buenos Aires, 2013; y «El derecho de separación del socio», cit. Un ejemplo de ello podría encontrarse en el clásico esquema de constitución de reservas facultativas junto con remuneración en exceso sin justificación razonable, pero los casos posibles son inagotables. Los autores de la doctrina nacional que se han referido al tema pueden agruparse, con matices entre sí, en cuatro sectores: a. (57) Sobre este punto, la Comisión Redactora del Proyecto de Cód. (dir. Sudamericana, Buenos Aires, 1999, ps. Esto se vincula también con las elecciones intertemporales, donde divisamos nuestros placeres futuros en una escala reducida o, en otros términos, el placer que experimentamos de aquí a diez años nos interesa muy poco en comparación con el que podemos experimentar hoy (35). 546 y ss. El art. De Castro y Bravo sostuvo que «la esfera de libertad de las personas» es la que le concede el fundamento a su autonomía para ejercer derechos y conformar las diversas relaciones jurídicas que les atañen (5). LexisNexis, Buenos Aires). Civ. Conclusiones. La autonomía de la voluntad, o autonomía privada, es una de las tantas manifestaciones de la libertad (4). "La autonomía de la voluntad privada … Se dirá que X se explica por la racionalidad ordinaria si X es a los ojos del individuo que adhiere a X la consecuencia de un sistema de razones S todos cuyos elementos son aceptables para él y si al alcance de su vista no existe un sistema de razones S’ preferible que lo llevaría a suscribir a X’ más que a X. (51) LORENZETTI, Ricardo L., ob. Lo sentimos, tu blog no puede compartir entradas por correo electrónico. En cambio, serían disponibles por los socios todos los demás derechos, como por ejemplo el de receso, el de suscripción preferente y de acrecer, el de impugnar decisiones sociales, todo lo relativo a organización, competencias, quórum y mayorías de órganos societarios, etcétera. Por ello "Dentro de un sistema jurídico que, como el nuestro, reconoce -aunque no con carácter absoluto- la autonomía de la voluntad privada, es lo normal que los particulares sometan los efectos de sus actos jurídicos a las cláusulas emanadas del mutuo acuerdo entre ellos, siempre que no contraríen disposiciones imperativas de la ley, comúnmente conocidas como normas de orden público". (37) La MBCA, creada por la American Bar Association, fue adoptada por 42 de los 50 Estados de los EE.UU. Así: «Un objetivo O es moralmente racional si y solo si contribuye a satisfacer un interés legítimo sin poner en riesgo el interés legítimo de otras personas. Sumario: 1. y Com. privada». Cuesta imaginar supuestos en los que, por vía contractual, se puedan dejar sin efecto normas imperativas de la ley 19.550 sin caer directamente en la infracción a esos deberes secundarios de conducta, cuyo alcance podría ser más amplio que el de la ley citada. También: «El contrato concebido como justo por haber sido concertado libremente por las partes, que gozaban de igualdad juridica formal, se pretende ahora que sea verificada y garantizada no sólo la justicia contractual, que debe ser real, sino también una cierta solidaridad entre las partes» (WALD, Arnoldo, «El nuevo Código Civil brasileño y el solidarismo contractual», RDCO 216-63, Ed. La sociedad deberá colaborar con los socios hasta el máximo de sus posibilidades para ese fin. Civ. En virtud de lo expuesto puede permitirse dudar de los beneficios que aseguran quienes proponen el desplazamiento casi total de las normas imperativas de la LGS frente a la libertad contractual, ejercida por emprendedores y empresarios racionales. Se trata de un país donde las grandes empresas son enormes y muchas. Dicha oferta puede consistir en entregar 1 o todas las unidades monetarias. No obstante, en diversos sistemas jurídicos pueden encontrarse límites a este principio que residen en las normas de orden público. Es decir, sabiendo qué cosa le corresponde a cada uno, en ausencia de costos de transacción, las personas realizarían operaciones libremente de una forma muy eficiente, fluyendo cada activo hacia el patrimonio de la persona que le otorga mayor valor y beneficiándose, de ese modo, la sociedad en general. 137- 141. 10 del Cód. El principio de la autonomía de la voluntad privada es un concepto jurídico que ha sido forjado a lo largo de nuestra historia y el cual ha estado ligado a la evolución y concepción del contrato. ¿El respeto del interés social? LOS CONTROLES DE EXISTENCIA Y VALIDEZ EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS BAJO CONDICIONES GENERALES, CURSO DE DERECHO CIVIL Primera parte: Introducción al Derecho Privado, El derecho de consumo Desde la teoría clásica del contrato hasta los nuevos contratos. Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas, PANORAMA ECONÓMICO: Balance del año 2022, FORO PENAL: La procesabilidad en el sistema penal, MEDICINA FORENSE: La acción colateral de los antibióticos, LA VOZ DEL BUEN TRATO: Caso Rosendo Radilla contra México, Opinión: POR FORTUNA EL BANCO DE LA REPÚBLICA NO ES EL BANCO VATICANO. Por citar solo algunos ejemplos, ingresa en discusión: (i) la posibilidad de cancelar por vía contractual los derechos de información, de receso, de suscripción preferente, de acrecer, de aprobar e impugnar estados contables, de impugnar decisiones sociales; (ii) que decisiones de gran relevancia, como por ejemplo la transformación, fusión, escisión y aumentos de capital, puedan quedar a cargo de uno o un grupo de socios o funcionarios sociales; (iii) que los resultados de la sociedad puedan ser atribuidos en su totalidad a uno o algunos socios; y (iv) la posibilidad de excluir a socios sin necesidad de invocar justa causa y a un precio inferior al de mercado; entre otros. En este caso, se dirá que S es la causa de la adhesión del individuo a X». La justificación contextual se vincula con los datos previos y presentes de la sociedad en cuestión, que deberían ser coherentes con los nuevos objetivos planteados. Merecerá especial atención en nuestro estudio el análisis de la situa-ción actual de la autonomía de la voluntad de los particulares en el ámbito de la contratación. El debate de la autonomía privada en la SAS.  2.2. «Mito y realidad de la autonomía. Si esos derechos de propiedad fuesen definidos con exactitud, es decir, si cada persona sabe lo que le corresponde a ella misma y a los demás, y el Estado evitase, luego, toda otra interferencia, de manera tal que los costos de transacción fuesen cero o insignificantes, los individuos negociarían de manera privada la asignación de esos derechos de una manera óptima. Este objetivo es instrumentalmente racional, porque procura un beneficio para el sistema, y es moralmente racional (desde nuestra perspectiva utilitarista), porque intenta la mayor cantidad de bien con el menor sacrificio posible. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1959, p. 7. 94 a 112 y 157 de la LGS. La doctrina y la jurisprudencia nacional, incluida la expedida por el Tribunal Constitucional, sugiere la necesidad de escindir la «autonomía de los particulares» en dos libertades básicas. Por un lado, se encontraría la denominada libertad de contratar y, por otro lado, la libertad de contratación. 960 prevé que los jueces pueden modificar las estipulaciones de los contratos cuando una de las partes lo solicite, en supuestos autorizados por la ley. (50) ALTERINI, Jorge H. (dir. M.P. Con relación a la moral y las buenas costumbres, son conceptos extremadamente relativos que también fueron incorporados al Cód. y Com. WebEl principio de autonomía privada es un principio general del derecho: es un principio tradicional, que contribuyó a la desaparición del formalismo, considerándose por la … Manóvil sostiene que las normas indisponibles son aquellas cuyo fundamento anida en el orden público (y tendrían el mismo orden de prelación que las leyes especiales), mientras que las normas imperativas son las que protegen intereses particulares (cfr. ABUSO DEL DERECHO, AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA Y DISPOSICIÓN DE INTERESES EN LOS CONTRATOS. Debemos resaltar que durante los últimos años, las ideas de Robert K. Merton, considerado uno de los gigantes de la sociología de todos los tiempos, que nutren en parte el enfoque sistémico y realista de Mario A. Bunge, han sido profundizadas y ampliadas por una corriente denominada «sociología analítica», integradas por notables científicos sociales. 9º, 10, 12, 958, 960, 962, 991, 1011, 1012, 1013, 1061 y 1067. Es que de hecho siempre hay una perspectiva que permite conectar los fines individuales inmediatos con los fines sociales mediatos» (VERGARA, Leandro, «Nuevo orden contractual en el Código Civil y Comercial», LA LEY del 17/12/2014; AR/DOC/4608/2014). La concepción liberal-individualista tiene su origen filosófico en las ideas de la Ilustración y así fue recibida en el Código Civil francés de 1804. Y, por último, nos encontramos con una doctrina sobre personificación jurídica que guarda coherencia con el resto de los postulados que hemos mencionado: la idea de corporación concebida como un nexo de contratos (26) . Los accionistas, según esta doctrina, no serían los dueños del capital, a quienes los administradores deben fidelidad solo por tener ese estatus, sino que serían una especie más de contribuyentes con quien la sociedad se relaciona por vía contractual, al igual que se relaciona con los empleados, los clientes y demás componentes del sistema total. Dichas diferencias se pueden explicar, fundamentalmente, a través de tres conceptos: (a) racionalidad limitada; (b) voluntad limitada; y (c) utilidad limitada. 517-538. (39) TALEB, Nassim N., «Skin in the game», Ed. cit. (15) Esta pareciera ser, también, la postura de Rafael M. Manóvil, según su exposición en las II Jornadas Nacionales sobre SAS, desarrolladas en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, durante el mes de octubre de 2018. Si se sigue la idea de permitir que los accionistas de la SAS puedan dejar de lado las normas imperativas de la ley 19.550 —según lo entiende la mayoría de la doctrina— se allana el camino para la aplicación irrestricta de las normas imperativas del Cód. 3, octubre/1960, ps. Si las partes regulan sus relaciones en sentido contrario al de las normas imperativas, la sanción será la nulidad de la cláusula específica y la aplicación de la norma obligatoria, salvo que se tratase de un elemento esencial del contrato, en cuyo caso procedería la nulidad del contrato en su totalidad. Debe hacer una oferta a la otra parte. 54-64). La esencia de esta normativa es coherente con el famoso fallo del juez Ralph Winter, en el leading case «Joy vs. North», quien sostuvo que nadie obliga a un inversor a comprar acciones de una corporación determinada. Una forma de ir buscando el equilibro que permita un mayor grado de libertad sin correr el riesgo de abusos es recurrir a una nueva concepción del interés social que contempla la causa-fin (objetiva y subjetiva societaria) junto con una metodología de rigor racional para la toma de decisiones, donde todos los intereses sean debidamente tomados en consideración. Web"La autonomía de la voluntad privada consiste en el reconocimiento más o menos amplio de la eficacia jurídica de ciertos actos o manifestaciones de voluntad de los particulares. (c) El exceso de confianza: somos propensos a sobreestimar lo que entendemos del mundo y a subestimar el papel del azar en los acontecimientos; en otras palabras, el riesgo personal frente a determinada situación es menor al del resto. Cambridge University Press, Cambridge, 1990; OLSON, «The logic of collective action», Ed. y Com.). ; 3) las cláusulas del contrato; 4) las cláusulas del reglamento; 5) las normas supletorias de la ley especial; y 6) las normas supletorias del Cód. No parece razonable, en consecuencia, justificar la autonomía de la voluntad en normas, precedentes o prácticas que ni siquiera son mayoritarias en el país donde se originaron y que no corresponden a la misma clase de sociedad. Pero en el folleto entregado a uno de los grupos la tasación de referencia era muy superior a la del mercado, mientras que en el del otro grupo era muy inferior. Dicha limitación nos impulsa a tomar decisiones que en el futuro pueden estar en conflicto con nuestros intereses. (1) Volveremos sobre este debate extensivamente en el ap. Error en la comprobación de email. Nassim N. Taleb, una de las pocas personas que pudieron prever la crisis financiera del 2007-2008, en una reciente obra atribuye los denominados «cisnes negros» a la asimetría de información entre quienes conocen el mundo real y las personas que lo pretenden regular. Así, se afirma que lo correcto es hablar de autonomía privada, entendiendo por tal al poder jurídico otorgado por el Estado a los particulares para la autorregulación de sus propios intereses[5]. Libertad de contratar y libertad de contratación. (61) Recordemos que la racionalidad formal consiste en un mero ejercicio donde las normas jurídicas son consideradas una premisa mayor a la cual deben subsumirse los hechos del caso para dar luego una conclusión lógica. 301 - 350. (48) COSTE, Diego – BOTTERI, José D., «El derecho de separación del socio», cit. Permite al juez analizar la intención del sujeto, su íntima convicción acerca de la situación dada. LA CRUZ BERDEJO, José Luis y otros (2004), Elementos de. ¿Hay que tomar en cuenta la religión? Sentencia T-338 de 1993. Las personas como seres razonables que somos considerados, buscamos por medio de nuestras acciones la satisfacción de necesidades básicas de acuerdo a nuestro vivir, con la condición de que no obremos en contra del otro ni afectemos a terceros. Por ese motivo, la mayoría de los Estados han adoptado la MBCA, que contiene normas protectoras específicas para los accionistas minoritarios frente a la ausencia de previsiones contractuales. Si bien alguna doctrina postula que se trate de dos categorías normativas distintas, la Comisión Redactora de la ley 26.994 afirmó que los términos imperativo e indisponible eran utilizados como sinónimos en el Cód. 961 configura la aplicación específica del principio de la buena fe en materia contractual, al establecer que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, obligando no solo a lo que está formalmente expresado sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances con que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Tal como está redactada la ley, creemos que los accionistas de la SAS no podrán evitar la imperatividad de las normas citadas. y Com. Civ. Sentencia C-367 de 1995. Si tuvieran ese compromiso, seguramente las leyes serían muy distintas y más cercanas a la realidad (39). En ese contexto, también en apariencia, siempre sería inconveniente recurrir al crédito en el mercado porque la sociedad debería pagar intereses. (53) Sobre el deber de colaboración en los contratos de larga duración se dijo: «Así, en vez del contrato irrevocable, fijo, estático y cristalizado de ayer, conocemos un contrato dinámico, flexible, que las partes deben adaptar para que pueda sobrevivir, aun sacrificando alguno de sus intereses. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe». Sería una aplicación de las profecías autocumplidas de Robert K. Merton. WebLa autonomía de la voluntad es poder que se expresa principalmente a través del contrato, entendiéndolo como el instrumento jurídico de la autonomía privada, porque él le permite … Consideramos que es más prudente avanzar en forma gradual desde las normas imperativas de la ley 19.550 hacia un mayor grado de libertad, en vez de saltar apresuradamente al vacío, esperando ser recibidos por una interpretación conservadora de los arts. (dir. 2.-. Empero desde la segunda mitad del siglo XIX, con la paulatina evolución del modelo de Estado liberal de, INTRODUCCION El presente Informe Final del proyecto esta referido a “La falta de Terapia Ocupacional en el Centro Penitenciario “San Miguel” de Uncía, de los. Planiol introdujo un enfoque muy inteligente para el abordaje inicial del tópico: si un derecho es ejercido abusivamente no puede hablarse ya del ejercicio de un derecho subjetivo, sino que se trata de un acto ilícito (56). La entrada no fue enviada. contenido y límites de la autonomía privada y, como paradigma de la misma, se hará especial referencia al contrato y al testamento. Existen varias opiniones en la doctrina. b. Quienes afirman que las normas imperativas de la ley 19.550 son descartables por los socios de la SAS, con la única excepción de aquellas que regulan la responsabilidad de los administradores, la disolución y la liquidación de la sociedad. Enviado por Pame_334  •  20 de Mayo de 2015  •  Informes  •  1.051 Palabras (5 Páginas)  •  193 Visitas. ("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var d=0;a=c[d];++d){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(! Se consagraba la preeminencia del valor seguridad por sobre el de la justicia contractual. (6) SALVAT, Raymundo M. – LÓPEZ OLACIREGUI, José María, «Tratado de derecho civil argentino. La autonomía de la voluntad privada y la libertad contractual. Por motivos de espacio, hemos optado por no transcribir en el idioma original la MBCA en su parte pertinente. y Com. Cambridge University Press, 1990; GODELIER, «Racionalidad e irracionalidad en economía», Ed. Tanto la buena fe como el abuso del derecho, la lesión o la teoría de la imprevisibilidad son institutos que interesan al orden público declarado por el legislador o determinado por el juez en un momento dado y, por ende, incompatibles con una renuncia anticipada de derechos por vía estatutaria (cfr.
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