(Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, decimoséptima edición, febrero de 2004). son sindicados de ocho delitos. . La audiencia de medidas cautelares se desarrolló este sábado Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es 86Artículo 14.3, letra b) del Pacto, y artículo 7.2, letra c) de la Convención Americana. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3298 [ Links ], Perlingeiro, Ricardo (2013): “El libre acceso a la información, las innovaciones tecnológicas y la publicidad de los actos procesales”, en: Boletín Mexicano de Derecho Comparado (vol. 95Artículo 19, número 3, inciso segundo. El artículo 8.5 de la Convención Americana, por su parte, asienta el derecho a un juicio público “salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. Disponible en: Disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6695 140Corte de Apelaciones de Chillán, rol Nº 320-2014, protección, sentencia de 30 de octubre de 2014, considerando 10. 15Tribunal Constitucional, rol 1393-2009, sentencia de 28 de octubre de 2010, considerando séptimo. 27Esta denominación deriva del artículo 19, número 3, inciso quinto, de la Constitución chilena (1980). Contenido del derecho fundamental a la defensa. 32El artículo 19, número 3, inciso quinto de la Constitución chilena textualmente dispone: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. 116Así, por ejemplo, el artículo 14.1 del Pacto menciona los casos en los que se podrá excluir a la prensa o al público luego de consagrar el derecho de toda persona a ser oída públicamente. 108“Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente”, dispone el artículo 14.1 del Pacto. 46, Nº 136, enero-abril de 2013), pp. De otro lado, la actuación de las autoridades en las que concurran motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos en los que hayan intervenido50. del 13 de diciembre de 1985 (Nº 2). Para asegurar esta independencia son necesarios, en palabras de la Corte Interamericana, resguardos como un adecuado proceso de nombramiento, una duración establecida en el cargo y una garantía contra presiones externas40. El Pacto contempla el derecho a ser enjuiciado “sin dilaciones indebidas121, pero limitado al ámbito penal122. Se situó entre la monarquía absoluta del rey Luis XVI y la Primera República, y duró del 4 de septiembre de 1791 hasta el 21 de septiembre de 1792.. El 3 de septiembre de 1791, al jurar la Constitución, Luis XVI hace pasar a Francia de monarquía absolutista a … El ser humano desarrolla estos valores a lo largo de su … 101-127. Se renovaron los siguientes cargos de elección popular: Presidente de la República.Jefe de Estado y de Gobierno electo … En efecto, durante la etapa indagatoria rige el llamado “secreto del sumario”, en virtud del cual se priva tanto a las partes como a los terceros de la posibilidad de conocer los resultados de la carpeta investigativa117. Esto significa, a lo menos, que la legislación nacional debe ser interpretada y aplicada de conformidad con las normas de la Convención Americana y con la interpretación que la Corte Interamericana ha hecho de las mismas. Así, por ejemplo, la Declaración Universal y el Pacto enfatizan la igualdad de toda persona ante los tribunales53, mientras la Convención Americana pone el acento en la igualdad en el proceso penal54. 1.2. 98Tribunal Constitucional de Chile, causa rol 376-2003, sentencia de 17 de junio de 2003, considerando trigésimo séptimo. Por su parte la Constitución chilena, pese a ser posterior a todos esos instrumentos internacionales, sólo menciona dos de esos requisitos: que el juez esté determinado por ley y con anterioridad al hecho que debe enjuiciar32. Esto significa que dentro del mismo plazo debe tomar noticia de los medios de prueba que obran en su contra para preparar su defensa. 38, Nº 2), pp. Al respecto se debe reconocer que se establecen breves plazos para el desarrollo de los procedimientos. 53La Declaración Universal en su artículo 10, dispone: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída” por un tribunal. Con todo, la jurisprudencia ha declarado inconstitucional la sanción aplicada en el contexto de un procedimiento disciplinario si el jefe superior del servicio que la dictó no es imparcial51. Desde abril que alcanzó el 75%, este porcentaje ha ido descendiendo debido al cambio en las condiciones bancarias hasta tocar mínimos anuales. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte Interamericana, ha sostenido que resulta más preciso denominar “debido proceso” o “debido proceso legal” a ese conjunto de derechos. En efecto, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, inicialmente consideraba sólo los tres primeros elementos mencionados en el texto principal. . Por otra parte, y en contraste con aquel contenido, se explicitan las falencias iusfundamentales de la regulación del sumario administrativo y de la investigación sumaria regulados en la Ley Nº 18.834. 129Artículo 120, incisos tercero y siguientes, en el caso de la investigación sumaria, y artículos 129 y 131 a 136, en el caso del sumario administrativo, de la Ley Nº 18.834 (1989). 64Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007) Observación General Nº 32, párrafo 7. Disponible en: Disponible en: http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09501999000100006&script=sci_arttext En sentido contrario se ha pronunciado la Corte Suprema, en la causa rol Nº 5228-2010, mediante sentencia de 20 de octubre de 2010, considerando sexto, al sostener que el excesivo tiempo transcurrido para la declaración de responsabilidad de una empresa produce una especie de decaimiento del procedimiento administrativo. [ Links ], 5.1. En efecto, el modelo inquisitivo responde a una concepción del poder, el acusado y la prueba, como explica Maier (1999), pp. 33Al respecto textualmente sostuvo el Tribunal Constitucional de Chile, en la causa rol 2041-2011, en sentencia de 11 de diciembre de 2012, considerando octavo, que “todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial, elementos esenciales del debido proceso que consagra toda la doctrina procesal contemporánea”. 6) El derecho fundamental a una sentencia motivada es el único efectivamente satisfecho en los procedimientos administrativos disciplinarios. [ Links ], Víctor Naranjo Prieto (2016): Corte de Apelaciones de Talca, sentencia de 11 de agosto de 2016 (acción de protección). Sólo una vez que los procesos disciplinarios se encuentran totalmente tramitados, los documentos que les sirvan de sustento pierden la connotación de secretos y les resulta aplicable el principio de publicidad, pudiendo los interesados acceder al mismo. [Visitado el: 19 de julio de 2015]. No obstante, el mismo Comité ha sostenido expresamente que el derecho al acceso a un tribunal competente, independiente e imparcial no se aplica en el caso de las medidas disciplinarias aplicadas a los funcionarios públicos, porque no se comprenden en el concepto de “derechos u obligaciones de carácter civil”20. 30El artículo 8º de la Convención Americana se refiere expresamente a los cinco requisitos del juez equitativo al exigir “un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”. Precisamente por ello Benítez (2007), p. 591, sostiene que este último es el “derivado consustancial” del primero. El derecho a la igualdad de las partes en procedimientos administrativos disciplinarios. pertenecientes a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, por lo que se inició . (LA) declaración de testigos, Por una parte, se precisa el contenido de cada uno de ellos, a partir de lo establecido en el Derecho internacional y en el Derecho constitucional chileno. [ Links ], Montero, Diana, y Salazar, Alonso (2013): “Derecho de defensa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Montero, Diana, y Salazar, Alonso, Derecho penal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (San José, Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Isolma), pp. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-52002013000200007&script=sci_arttext Disponible en: Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_sp.doc Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=1601 [Visitado el: 22 de septiembre de 2016]. La primera de ellas se refiere a si los mencionados procedimientos disciplinarios deben respetar las exigencias del derecho fundamental al debido proceso. 9El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en adelante el Pacto, confiere un conjunto de derechos a toda persona “en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”. Seguridad 23 de diciembre de 2022 10:30 Policía realiza 4 operativos contra avasalladores en Santa Cruz y aprehende a 19 personas. [ Links ], Aguirrezabal Grunstein, Maite (2011): “La imparcialidad del dictamen pericial como elemento del debido proceso”, en: Revista Chilena de Derecho (vol. En efecto, el principio de publicidad del proceso puede referirse a quienes forman parte del proceso, de un lado, y puede referirse a terceros ajenos al mismo, de otro lado. . respecto del artículo 6° de la Ley Nº 2.487, en autos sobre procedimiento voluntario de ejecución de prenda bancaria, caratulados “Banco de Crédito e Inversiones”, seguidos ante el vigésimo séptimo Juzgado Civil de Santiago bajo el rol Nº V-109-2014 (2015): Tribunal Constitucional de Chile, 1 de septiembre de 2015 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2701-2014). Veamos algunos ejemplos. 101El inciso tercero del artículo 10 de la Ley Nº 19.880, de 2003 dispone: “Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses”. [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 6036, de 31 de enero de 2012. [ Links ], Navarro Beltrán, Enrique (2014): “Bases constitucionales del principio de transparencia”, en Revista de Derecho Público, Universidad de Chile (vol. No obstante, la cantidad es un 7% inferior a la del mes de septiembre. De este modo, la excesiva demora en la sustanciación de un proceso sumarial no afectará su validez, pero puede originar la responsabilidad administrativa de quienes ocasionaron ese retraso. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 13,5% el pasado mes de octubre respecto al mismo mes de 2021, hasta sumar 41.022 préstamos, la mayor cifra en un mes de octubre desde 2009, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 68Corte Suprema de Estados Unidos, Caso Crawford v. Washington, apartado V, subapartado A, párrafo primero. La Paz, 4 de enero 2023 (ANF).- Víctor Gonzales, diputado del partido Vox de España, denunció a través de su Twitter que fue expulsado y no tiene ingreso al país. Esto significa, en palabras de Hunter, que “el proceso debe articularse como una balanza equilibrada de posibilidades de acción y defensa, para uno u otro litigante”61. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=3130 Dado el encarecimiento de estas últimas y los deseos de los consumidores de asegurarse un tipo estable, están cobrando fuerza como alternativa las hipotecas mixtas, que combinan buen precio y estabilidad durante un tiempo, según Villén. En el ámbito internacional, la Declaración Universal sólo menciona dos de esas exigencias28 y el Pacto cuatro de las mismas29. El juez sumariante adquiere la convicción de la culpabilidad del reo tan pronto como encuentra indicios suficientes en los datos que recoge. La Paz, 2 de enero de 2023 (ANF). 57Díaz (2012), p. 65, precisa que el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley consiste en que “el juzgador utilice las mismas disposiciones, las interprete del mismo modo y adopte una misma decisión respecto de casos que coinciden en la totalidad de sus aspectos fácticos jurídicamente relevantes y utilice diversas disposiciones respecto de los casos que divergen en uno o más de sus aspectos fácticos jurídicamente relevantes”. 20Al respecto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007) en su Observación General Nº 32, párrafo 17, ha sostenido que “no se consideran derechos u obligaciones de carácter civil cuando las personas son sometidas a medidas adoptadas en su contra en cuanto personas subordinadas a un nivel alto de control administrativo, como en el caso de las medidas disciplinarias que no equivalen a sanciones penales tomadas contra un funcionario público”. Esta escasa regulación normativa del principio de imparcialidad no es suficiente. 201-237. de bienes del Estado y la riqueza natural, Instigación pública a delinquir, Con todo, conviene advertir que no resulta aplicable el decaimiento del acto administrativo, porque dicha institución se aplica a un acto terminal126, cuando han desaparecido los supuestos fácticos o jurídicos que se tuvieron en cuenta para la dictación del mismo127. Aunque los datos siguen siendo muy abultados, el endurecimiento de las condiciones de financiación va calando poco a poco en el mercado. Al respecto ver Rodríguez (2013). En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. De hecho el Comité de Derechos Humanos se ha referido específicamente a las mismas al declarar, con acierto, que “el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”36. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos (1987): Opinión consultiva OC 9/87. La contradicción entre el núcleo duro de la autopoiesis y el cinturón protector de los sistemas complejos va a generar una clara confusión de niveles lógicos, con extrapolaciones inadecuadas y pseudoexplicaciones. ambos sujetos en flagrancia comercializando los equipos. (1950). Al respecto ha precisado que “la presencia del abogado del declarante no obsta al carácter secreto de la etapa indagatoria de los sumarios administrativos previsto por el inciso segundo del artículo 137 del Estatuto Administrativo, toda vez que si bien en virtud de dicho secreto se limita el conocimiento del expediente administrativo respectivo, ello no puede constituir un impedimento para el ejercicio del derecho que se examina”102. El Tribunal Constitucional, por su parte, ha declarado que la expresión “órgano que ejerza jurisdicción” del artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución chilena, debe entenderse en sentido amplio, sin limitación alguna, a todo ente, cualquiera sea su naturaleza. 15-41. Sin embargo, estos plazos no son fatales, atendida su finalidad, que es el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos. En tercer lugar, todos los antecedentes reunidos durante la investigación sumaria o durante el sumario administrativo pueden ser utilizados para fundar la sanción disciplinaria que en definitiva se aplique. 125Expresa el Comité de Derechos Humanos (2007), Observación General Nº 32, párrafo 35: “Lo que es razonable deberá evaluarse en las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta principalmente la complejidad del caso, la conducta del acusado y la manera como las autoridades administrativas y judiciales hayan abordado el asunto”. La Contraloría General de la República mediante dictamen 13.257, de 12 de marzo de 2010, confirmó lo imperativo de esta norma al rechazar el reclamo deducido por un funcionario que alegó que la autoridad del servicio le había negado entregarle información durante la sustanciación del proceso. 4.2. El principio de contradicción, por su parte, surge cuando la parte se opone a las pretensiones o impugnaciones sostenidas en su contra. En el relatado contexto el fiscal y el investigador aparecen dotados de amplias facultades para realizar la investigación y generar pruebas incriminatorias76, y con conocimiento exclusivo de los antecedentes de la misma gracias al secreto del sumario77. 38En este sentido, Fernández (2004), p. 114. 31-39. [Visitado el: 11 de julio de 2016]. [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 25.627, de 13 de mayo de 2010. En efecto, y según ha declarado el Comité de Derechos Humanos, este derecho resulta aplicable no sólo frente a los tribunales de justicia, “sino que también debe respetarse siempre que el derecho interno confíe a un órgano una función judicial”64. (1999): Derecho procesal penal (Buenos Aires, Ediciones Del Puerto, segunda edición, primera reimpresión), Tomo I. Por su parte, la Declaración Universal y la Constitución chilena nada expresan sobre la materia. Disponible en: Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B44l5pHYhRzaYUVDcUFST0UwNnM/view 2El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante la Convención Americana, se denomina “Garantías judiciales”. [Visitado el: 11 de Julio de 2016]. 137Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) c. Venezuela (2008), considerando 78. pudo evidenciar a través de redes sociales, la comercialización de los objetos 43En efecto, el artículo 134 de la Ley Nº 18.334, de 1989, inciso primero, dispone que el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales descentralizados, según corresponda, “resolverá en el plazo de cinco días, dictando al efecto una resolución en la cual absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso”. Contenido del derecho fundamental al juzgador equitativo. En cuanto al contenido de una sentencia motivada, la Corte Interamericana ha sostenido que aquella debe evidenciar que se han tomado en cuenta tanto los alegatos de las partes como sus pruebas137. Por una parte, el tiempo que se otorga al inculpado para acceder a los medios de prueba que obran en su contra y, en su caso, defenderse de ellos, es de dos días en el caso de la investigación sumaria103 y de cinco días en el caso del sumario administrativo104. [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 37.728, de 29 de mayo de 2014. La publicidad de los actos procesales respecto de las partes “no sólo alcanza los actos judiciales, sino también los documentos y los demás escritos que constan en los autos”115. En realidad, podemos matizar, los campesinos se sentían ignorantes pero no lo eran. Biografía de Gustavo Adolfo Bécquer Bécquer: la poesía hecha palabra. . En cuanto a la primera, la Corte de Apelaciones de Chillán ha sostenido que la resolución por la que se aplica una sanción administrativa sin hacer mención alguna a las agravantes o atenuantes que concurren en el caso debe ser considerada carente de motivación y, por tanto, es inconstitucional140. 12En efecto, mientras el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en adelante Declaración Universal, se refiere a los derechos aplicables a todo procedimiento, el artículo 11 se limita a aquellos propios del ámbito penal. . . Exigencias del derecho fundamental al debido proceso. 10, supl. 2Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Disponible en: Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372011000200009 La Agencia de Noticias Fides es una obra de la Compañía de Jesús. Ante la militarización de Soyapango, Celia Medrano expresa temores de que esto vaya más allá de una política de seguridad y se extienda a un control político. 591-593. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, segunda edición (Santiago de Chile, Oficina Regional para América Latina y El Caribe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos). En efecto, interpretando el artículo 14.1 del Pacto, ha sostenido que “La publicidad de las audiencias asegura la transparencia de las actuaciones y constituye así una importante garantía que va en interés de la persona y de la sociedad en su conjunto”113. operativos coordinados entre la Fiscalía y la Policía y se logró encontrar a La Corte Interamericana ha sostenido reiteradamente que “cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas”. De este modo, resulta posible concluir que se encuentra establecido legalmente, con anterioridad a los hechos que ha de enjuiciar y que su competencia le ha sido otorgada por ley. 2) El derecho fundamental a la igualdad de las partes se encuentra abiertamente infringido por la regulación establecida por los procedimientos administrativos disciplinarios. La Corte Suprema de Estados Unidos, por su parte, ha establecido que la prueba debe producirse bajo contradicción. La historia del método científico revela que el método científico ha sido objeto de intenso y recurrente debate a lo largo de la historia de la ciencia.Muchos eminentes filósofos y científicos han argumentado a favor de la primacía de uno u otro enfoque para alcanzar y establecer el conocimiento científico. [ Links ], Díaz García, L. Iván (2012): “Igualdad en la aplicación de la ley. Ensayo Contradicción de Tesis 351-2014 de la SCJN by bernardo-535080 in Orphan Interests > Government. I. El derecho fundamental al debido proceso y los procedimientos disciplinarios. La Constitución chilena no menciona el derecho fundamental a la publicidad del proceso de manera expresa. ser puestos a disposición del Ministerio Público. 31La Corte Interamericana en el caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, sentencia de 25 de noviembre de 2004, párrafo 143, implícitamente se refiere en los siguientes términos a las exigencias de un juzgador equitativo: “El derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente previstos constituye un principio básico del debido proceso”. En cuanto órgano encargado de investigar y de acusar a partir de los resultados de la instrucción, en algún grado le son aplicables las críticas dirigidas al juez del sistema inquisitivo y que fueron profusamente analizadas en la época en que se debatía la implementación de la actual justicia penal oral81. 1Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco, Chile. [ Links ], Control de constitucionalidad del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materias de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las policías (2008): Tribunal Constitucional, 28 de enero de 2008 (Control de constitucionalidad, rol Nº 1001-2007). Es efectivo que respetan los derechos fundamentales a un juzgador establecido por ley, con anterioridad a los hechos que ha de enjuiciar y legalmente competente. 35Una idea que parece orientarse en la misma dirección expresan García y Contreras (2013), pp. [ Links ], Satta, Salvatore (1971): Manual de Derecho procesal civil (Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América). La Constitución chilena, según se ha dicho, regula este derecho al establecer, en esencia, que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale95. 69Más allá de la confusión del Tribunal Constitucional chileno entre el derecho a la defensa y el principio de contradicción, lo relevante es que el máximo intérprete de la Constitución entiende lesionado un elemento esencial del debido proceso si el acto administrativo que afecta al funcionario público se ha generado sin posibilidad de contradicción por parte de este último. 77Artículo 131, inciso segundo, de la Ley Nº 18.834, de1989. . 446-449, que no se presenta en los procedimientos administrativos sancionatorios. Contenido del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable. 65Entre el principio de igualdad de las partes en el proceso y el principio de bilateralidad de la audiencia existen una relación cercana. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=22 La misma norma permite ampliar por otros cinco días dicho plazo en casos calificados. Esto no se debe, por cierto, a la regulación legal, sino a la acertada jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República. Con todo, el alcance de ambas fórmulas semánticas debe entenderse referida al mismo bien. 73), pp. Teoría de la argumentación. La expresión “sentencia”, incluida en la misma disposición, alude a toda resolución que decide una controversia de relevancia jurídica14. . Sin perjuicio de lo recién indicado, conviene advertir que el funcionario inculpado carece de importantes derechos asociados al derecho fundamental a la defensa. Conviene destacar que el órgano de control condiciona la legitimidad de la decisión derivada de un procedimiento disciplinario a la adecuada motivación del respectivo acto. 5Quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América. 2. No obstante, por aplicación supletoria del inciso tercero del artículo 10 de la Ley Nº 19.880 puede actuar con dicha asistencia cualquiera sea la calidad en que se solicite su declaración101. 3.2. Por otra parte, el inculpado tiene esos mismos plazos para manifestar si desea presentar prueba105, la que por cierto deberá estar identificada106. 17Artículo 15, inciso segundo, de la Ley Nº 18.575, de 1986. 2010), sin paginación. 17, Nº 2), pp. La posición del Comité de Derechos Humanos no puede, sin embargo, ser aplicada en el orden interno. 45Artículo 4° de la Ley Nº 19.880, de 2003. la seguridad de servidores públicos y Robo agravado. 144Contraloría General de la República, dictamen Nº 25.627, de 13 de mayo de 2010. [Visitado el: 28 de junio de 2016]. 54El artículo 8.2 de la Convención Americana dispone: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas”. Principios Procesales relativos a las Partes”, en Revista chilena de Derecho (vol. 4. 78Artículo 126 de la Ley Nº 18.834, de 1989. Para efectos de enfrentar las dos cuestiones mencionadas el trabajo se vertebra en torno a tres apartados. [ Links ], Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Caso Miguel González del Río v. Perú, Comunicación Nº 263/1987, dictamen de 28 de octubre de 1992. El fiscal, a su turno, es el funcionario encargado de investigar el hecho y la participación, de formular los cargos y de emitir un dictamen en el que propondrá la sanción aplicable, si procede72. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es El derecho fundamental a la publicidad del proceso en los procedimientos disciplinarios. 46El artículo 11 de la Ley Nº 19.880, de 2003 dispone: “La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”. Teléfonos: 591-(2)2482040 - 591-(2)2495304 51Así, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, rol Nº 59-2013, sentencia de 23 de abril de 2013, considerando quinto, confirmada por la Corte Suprema en causa rol Nº 3292-2013, de 5 de junio de 2013, ha sostenido que carece de imparcialidad el Alcalde que aplica la sanción de destitución, si dos días antes de las elecciones municipales y cuarenta y cinco días antes de asumir el cargo había anunciado la aplicación de esta medida en contra del funcionario afectado. - En una sesión, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz determinó este lunes revisar los recursos económicos y bienes otorgados a la Policía Boliviana desde la Gobernación, en un acto de fiscalización, debido a la de represión violenta contra la población que se moviliza en defensa del gobernador, Luis … [ Links ], Bordalí Salamanca, Andrés (2011): “Análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la tutela judicial”, en: Revista Chilena de Derecho (vol. No obstante, el letrado sólo puede tener acceso al expediente de investigación luego de la formulación de cargos99, lo que ha sido confirmado por la Contraloría100. [Visitado el: 11 de julio de 2016]. 74No resulta posible sostener que los procedimientos administrativos disciplinarios responden al modelo inquisitivo, sino sólo que se asemejan al procedimiento inquisitivo. . contra los investigados, entre ellas, equipos y objetos pertenecientes a la Correo electrónico: ivandiaz@uct.cl. No obstante, a partir de la interpretación de esos mismos textos jurídicos, los diversos organismos y tribunales han otorgado jerarquía iusfundamental a este derecho. Por último, porque a nivel constitucional y legal chilenos se ha optado por someter los procedimientos administrativos disciplinarios al derecho fundamental al debido proceso, según se ha visto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en la regulación de la Ley Nº 18.834. 70La Ley Nº 18.834, de 1989 utiliza la expresión inculpado para referirse al afectado por el procedimiento disciplinario, por ejemplo, en el artículo 120 relativo a la investigación sumaria y en el artículo 126 en relación con el sumario administrativo. Introducción Nos creemos dueños de la realidad cuando discutimos sobre temas de economía, política, gerencia, educación, asuntos públicos y hasta de situaciones foráneas. Sólo podrán tener derecho a la contradicción de las testificaciones que se produzcan una vez cerrada la indagatoria, oportunidad en que gran parte de la prueba ya ha sido rendida. De hecho, esto es lo que la pedagogía de Freire pretende evidenciar en un primer momento, en un proceso socrático por el que la sabiduría de los educandos sale a relucir. El primero de ellos es definido sobre genéricas exigencias de objetividad y probidad46. El derecho al juzgador equitativo en procedimientos administrativos disciplinarios. [Visitado el: 18 de agosto de 2016]. Ante ello, ambos sujetos fueron aprehendidos en flagrancia y La subida de tipos ya frena la firma de hipotecas y lamina poco a poco a las fijas, Todos los ganadores de los Globos de Oro 2023: Spielberg, siempre Spielberg, El TC elige presidente con el voto progresista dividido, El Supremo consolida las rebajas por el “solo sí es sí” y ya van 137 casos en toda España, Los mercenarios Wagner avanzan en Soledar, Lula pide llegar a los patrocinadores del asalto a las instituciones en Brasil, subidas de tipos de interés aprobadas por el Banco Central Europeo (BCE). [ Links ], Control de constitucionalidad del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria (Boletín Nº 3139-05) (2008): Tribunal Constitucional de Chile, sentencia de 30 de diciembre de 2008 (control de constitucionalidad, rol Nº 1243-2008). 52Así, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que no se atentaba contra el principio de imparcialidad si el fiscal instructor del sumario seguido contra un funcionario municipal se presentó poco antes como testigo en un juicio seguido en contra de ese mismo funcionario y a favor de la municipalidad en que se prestaban los servicios. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372007000300014&lng=es&nrm=iso [Visitado el: 25 de abril de 2012]. 2.2. . [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tibi c. Ecuador (Excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas), sentencia de 7 de septiembre de 2004. 139Artículo 41, inciso cuarto de la Ley Nº 19.880, de 2003. Casilla: 5782 La Paz, Bolivia Ahora bien, conviene destacar que lo esencial en el derecho al juez equitativo es que el juzgador cuente con las cualidades de independencia e imparcialidad, las que por cierto no deben ser confundidas34. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es “Como Ministerio Público se colectó las pruebas contundentes La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) anunció un paro nacional que se desarrollará en marzo. . Aquella reserva decae de manera progresiva para el funcionario afectado y para terceros. 141Contraloría General de la República, dictamen Nº 6036, de 31 de enero de 2012. 39La Asamblea General de las Naciones Unidas (1985), número 2, ha declarado que la independencia judicial consiste en que los jueces deben resolver los asuntos que han de juzgar “sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo”. Doctor en Derecho Universidad Carlos III de Madrid, España. 257-274, pues incluyen en el debido proceso el derecho a la revisión judicial por un tribunal superior, y excluyen los derechos a ser enjuiciado sin dilaciones indebidas y a la publicidad de los actos jurisdiccionales, los que ubican en el derecho a la tutela judicial. Fax: 591-(2)2495312 Menos satisfactoria es la situación del juzgador respecto de la independencia y de la imparcialidad, como se verá de inmediato44. Lo expresado permite afirmar que los procedimientos administrativos disciplinarios no responden al modelo acusatorio73, sino que se asemejan al procedimiento inquisitivo74. De acuerdo con lo establecido en el artículo 134 de la Ley Nº 18.834, el juzgador en los procedimientos disciplinarios es el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda43. La monarquía constitucional francesa hace referencia al sistema de gobierno instaurado en Francia en 1792. [ Links ], Bordalí Salamanca, Andrés (2009): “El derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial en el ordenamiento jurídico chileno”, en: Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Nº XXXIII, segundo semestre de 2009), pp. Ver Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol Nº 905-2015 protección, sentencia de 4 de mayo de 2015, especialmente voto de minoría. 66Aunque algunos asimilan los principios de bilateralidad de la audiencia y de contradicción, como es el caso de Leal (1966), p. 230, se trata de máximas diferentes entre sí, aunque por cierto estrechamente vinculadas. La presente investigación permite concluir que la regulación chilena de los procedimientos administrativos disciplinarios infringe severamente el derecho fundamental al debido proceso. [ Links ], 5.2. Mediante este contraste se podrá evaluar la regulación ofrecida por el Derecho chileno, desde la perspectiva del respeto de los derechos que permiten configurar el proceso debido. Por una parte, no tiene noticia de que se desarrolla una investigación sumaria o un sumario administrativo en su contra hasta que se le toma declaración78, lo que perfectamente puede constituir la última actuación del sumario. 55Artículo 19, número 3, inciso primero de la Constitución chilena. En el contexto nacional se le conoce como la prohibición de comisiones especiales, debido a la fórmula semántica empleada por la Constitución27. El asunto, según se ha anunciado, tiene una respuesta sencilla en el Derecho chileno, y de ahí su breve extensión. 93Artículo 14.3, letras b) y d) del Pacto, y artículo 7.2, letra d) de la Convención Americana. [ Links ], Juan Acuña Torres y otro (2014): Corte de Apelaciones de Chillán, 30 de octubre de 2014 (acción de protección). [Visitado el: 5 de octubre de 2016]. 124La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha tenido una evolución en la materia. [ Links ], Constitución Española (1978). Por otra parte, el Estatuto Administrativo no contiene normas relativas al derecho del funcionario público llamado a declarar durante la etapa indagatoria de un sumario a comparecer asistido por su abogado. [ Links ], García Pino, Gonzalo, Contreras Vásquez, Pablo (2013): “El derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno”, en: Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca (año 11, Nº 2), pp. De este modo, la jurisprudencia administrativa no se orienta a la tutela del derecho fundamental a ser enjuiciado dentro de un plazo razonable, sino sólo perseguir una eventual falta administrativa del investigador o del fiscal, derivada del incumplimiento de sus funciones. Las consecuencias sobre una tal declaración, sobre las que no resulta pertinente extenderse aquí, son sin duda significativas incluso desde el punto de vista constitucional. (1980). Por lo mismo, ha declarado que tanto los órganos administrativos como los judiciales deben someterse a las exigencias de un procedimiento racional y justo15. El derecho fundamental a la defensa puede resumirse, siguiendo la Declaración Universal, en que la persona cuente con todas las garantías necesarias para su defensa85. De esta manera, y con el objeto de dar cumplimiento al principio de contradictoriedad en el marco del procedimiento administrativo, el inculpado tiene derecho a presenciar, asistido por su abogado, las declaraciones de testigos verificadas en el término probatorio del proceso”. 142Contraloría General de la República, dictamen Nº 37.728, de 29 de mayo de 2014. [Visitado el: 15 de agosto de 2015]. . 81Al respecto resulta interesante transcribir lo que en este sentido se objetaba ya en el mensaje del Código de Procedimiento Penal de Chile de 1894: “Todos los argumentos aducidos en contra de este sistema pueden resumirse en uno solo. La presente investigación evidencia que los procedimientos administrativos disciplinarios, a través de los cuales se pretende hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos en Chile, vulnera sustancialmente diversas exigencias del derecho fundamental al debido proceso. [ Links ], Código de Procedimiento Penal de Chile (1906), Edición oficial aprobada por el Decreto Nº 965, de 23 de diciembre de 2003, del Ministerio de Justicia. . 34, Nº 3), pp. [Visitado el: 30 de junio de 2016]. 2. [Visitado el: 22 de septiembre de 2016]. Para este efecto se hace un análisis de cada uno de los derechos constitutivos del debido proceso, en una doble perspectiva. [Visitado el: 29 de junio de 2016]. Sin embargo es preciso advertir inmediatamente que, desde el enfoque de Leibniz, incluso Dios mismo se encuentra ligado a la “racionalidad” del derecho natural (con lo que la afirmación precedente se inscribe en un registro iusracionalista … En cuanto al tiempo y a los medios adecuados para preparar la defensa, la Corte Interamericana ha sostenido que este derecho fundamental exige que el imputado sea notificado que tiene tal calidad antes de su primera declaración89. ... En cuanto al contenido de una sentencia motivada, la Corte Interamericana ha sostenido que aquella debe evidenciar que se han tomado en cuenta tanto los alegatos de las partes como sus pruebas 137. En el primer caso se “favorece a los interesados en el ejercicio de los derechos subjetivos” y en el segundo se favorece “a la sociedad en la participación democrática, en cuanto a la toma de decisiones y en el control del poder público en general”112. Por otra parte, se analizan los procedimientos administrativos disciplinarios regulados en la Ley Nº 18.834, de 1989, en relación con cada una de las exigencias establecidas por el derecho fundamental al proceso debido. Por otra parte, y desde un punto de vista orgánico, en el fiscal y en el investigador se radican, simultáneamente, los roles de investigador, acusador y autor de la propuesta de sanción. [Visitado el: 30 de junio de 2016]. La crítica de Wolff queda, pues, desactivada cuando se piensa el equilibrio reflexivo como un método independiente de la posición original (aunque justificativo de la misma), de naturaleza deliberativa y con una finalidad precisa: evidenciar las razones adecuadas que un sujeto moral tiene para adherir a ciertos juicios y principios de justicia desde el horizonte de un "tú" y un … La imparcialidad a su vez dice relación con posibles relaciones del juez con las partes de la causa o con el objeto litigioso”. Como se puede advertir, la reserva respecto de terceros aparece justificada en la tutela del derecho fundamental a la honra del afectado. La reserva resulta todavía más grave si se considera que el fiscal puede decretar la suspensión provisional del cargo al funcionario investigado, sin que este conozca los antecedentes que justifican esa medida provisoria119. [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 13.257, de 12 de marzo de 2010. El 60% de los compradores se han visto afectados por el cambio de política monetaria y el 24% se han visto obligados a paralizar el proceso de adquisición de vivienda al considerar que las condiciones hipotecarias han dejado de ser atractivas, según un reciente análisis de Fotocasa Research», recuerda la directora de estudios y portavoz de este portal inmobiliario, María Matos. La posición no sería la misma si la sanción aplicada deriva de un procedimiento en que se han infringido de manera más o menos severa los derechos fundamentales del ámbito procesal. [Visitado el: 23 de junio de 2016]. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rdpucv/n33/a07.pdf Por otra parte, no tiene conocimiento de las pruebas que obran en su contra hasta que concluye el sumario debido al secreto del mismo79. En concreto, y para el ámbito no penal, los derechos incluidos en el derecho fundamental al debido proceso son los siguientes: (1) derecho al juzgador equitativo, (2) derecho a la igualdad procesal de las partes, (3) derecho a la defensa, (4) derecho a la publicidad de los actos procesales, (5) derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y (6) derecho a una sentencia motivada24. 119Artículo 130, inciso primero, de la Ley Nº 18.834, de 1989. [ Links ], Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). 28El artículo 10 de la Declaración Universal alude únicamente a la independencia y a la imparcialidad del juzgador, que por cierto son las exigencias más importantes del juzgador equitativo. Contenido del derecho fundamental a la igualdad procesal de las partes. El Tribunal Constitucional chileno ha enriquecido el contenido constitucional del derecho fundamental a la defensa letrada. Justificando la necesidad de motivación, en el considerando décimo afirma que “el deber de justificación o motivación del contenido y decisión de las sentencias tiene como fin demostrar que el juez ha realizado un razonamiento tal, capaz de explicar que los fundamentos de su decisión son los correctos y, en consecuencia, que la sentencia se encuentra conforme a derecho”. El Pacto agrega el derecho a ser informado del derecho a contar con asistencia letrada94. Así, por ejemplo, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos9, en adelante el Pacto, y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos10, en adelante la Convención Americana, establecen “los requisitos aplicables a todo proceso judicial, los que son seguidos por varios párrafos aplicables a los procesos penales11. En Selección de decisiones adoptadas por el Comité de Derechos Humanos, adoptadas con arreglo al Protocolo Facultativo, volumen 4, Naciones Unidas, 2004, pp. 45-58. [ Links ], Pfeffer Urquiaga, Emilio (1985): Derecho constitucional (Santiago de Chile, Ediar ConoSur), tomo I. Por último, y según se ha expresado, se carece de asistencia letrada de incidencia en el proceso durante el sumario, precisamente cuando se genera la mayor parte de la prueba, sino sólo desde la notificación de cargos. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2688 Nº 211, de 1973, en cuanto permite la aplicación del artículo 385 del Código de Procedimiento Civil en los autos caratulados “Requerimiento de la FNE contra Agrícola Agrosuper S.A. y otros”, de que conoce el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia bajo el rol C Nº 236-11 (2015): Tribunal Constitucional de Chile, 20 de agosto de 2013 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2381-2012). Incendio, Asociación delictuosa, Impedir o estorbar el ejercicio de las funciones, 14Tribunal Constitucional, rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo primero. En este sentido, en el capítulo de novaciones hipotecarias, el porcentaje de hipotecas a interés fijo aumenta del 24,2% al 53,3%, mientras que el de hipotecas a interés variable disminuye del 75% al 44,9%, lo que demuestra, según Mato, la preocupación de los ciudadanos por la imparable subida del euríbor. Al respecto ver dictamen Nº 86.579, de 30 de noviembre de 2016, que reitera jurisprudencia administrativa en el mismo sentido. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Curauma S.A. respecto del inciso primero del artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, en los autos sobre recurso de hecho, de que conoce la Corte Suprema bajo el rol Nº 27.763-2016 (2016): Tribunal Constitucional de Chile, 6 de junio de 2016 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 3066-2016). Esto no se debe, como se ha visto, a la actividad del legislador, sino a la acertada jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República que ha precisado el significado de una resolución motivada y ha declarado arbitrarios e ilegítimos los actos administrativos que no satisfacen aquellas exigencias. Esta fundamentación epistemológica de los principios de bilateralidad de la audiencia y de contradicción es respaldada por Taruffo (2003), p. 24. En efecto, y en cuanto a la primera, las jefaturas más arriba mencionadas no cuentan con resguardos que puedan asegurar la no interferencia de terceros en la decisión del procedimiento administrativo disciplinario. En similar sentido, la misma Corte sostuvo en el caso Ivcher Bronstein c. Perú, mediante sentencia de 6 de febrero de 2001, párrafo 104, que “tanto los órganos jurisdiccionales como los de otro carácter que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8º de la Convención Americana”. Aunque la respuesta es bastante simple en el contexto del ordenamiento jurídico chileno, conviene enfrentarla como cimiento del segundo y principal problema planteado en este texto. . Desafío modernizador de algunas jurisdicciones especiales”, en Navarro Beltrán, Enrique (ed.). [Visitado el: 28 de junio de 2016]. 120El artículo 8.1 de la Convención Americana dispone que toda persona tiene derecho a ser oída “dentro de un plazo razonable”. El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, coincide en que «el mercado sigue en cifras récord, pese a que se empiezan a evidenciar síntomas de desaceleración». Siempre es útil indagar en las raíces históricas de un concepto. 10 de Enero de 2017; Aprobado: Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=244 [ Links ], Benítez Ramírez, Eugenio, (2007): “Reflexiones en torno a la propuesta de reforma al procedimiento civil chileno: II. 56La aclaración parece necesaria, debido a que algunos autores confunden el significado de ambos derechos. Supone “que los jueces no deben tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto de que entienden y que no deben actuar de manera que promuevan los intereses de una de las partes”42. Por medio de un comunicado, la organización multisindical informó un cronograma de movilizaciones para evidenciar su descontento con las gestiones del Ministerio de Salud (Minsal) y del Presidente Gabriel Boric. . Al respecto ha señalado que “en cuanto al exceso de los plazos en la sustanciación del sumario en examen, cumple con anotar, en armonía con el criterio contenido, entre otros, en el dictamen Nº 55.658, de 2014, de esta procedencia, que si bien la demora en la instrucción de un proceso disciplinario no constituye un vicio que afecte su validez, ya que no incide en aspectos esenciales del mismo, ello no obsta a que la superioridad del servicio pondere perseguir la responsabilidad administrativa de quién o quiénes originaron tal dilación”132. De este modo, su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo130. La Contraloría extiende también el derecho a la motivación a las resoluciones que se pronuncien sobre los recursos de reposición y apelación143. En similar sentido, pero ahora en el ámbito administrativo, el Tribunal Constitucional ha sostenido que un acto administrativo que permite la baja o retiro del personal generado sin contradicción lesiona el derecho a la defensa69. En efecto, el inculpado es aquel funcionario que aparece involucrado en los hechos y que puede ser responsable administrativamente de eventuales infracciones disciplinarias70. [ Links ], Castagnola, Andrea (2010): “La diversidad institucional de los poderes judiciales provinciales en Argentina desde una perspectiva histórica” en: Postdata, Buenos Aires (Vol.15, Nº 2, jul.-dic. Contenido del derecho fundamental a la publicidad del proceso. (1978). 109“El proceso penal debe ser público”, ordena el artículo 8.5 de la Convención Americana. Por una parte, se precisa el contenido de los mismos, con la finalidad de establecer el estándar conforme al cual serán evaluados los procedimientos disciplinarios. Todos estos problemas constituyen consecuencias del diseño jurídico institucional del procedimiento disciplinario, que ha asumido la estructura orgánica inquisitiva reformada. [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 4571, de 16 de enero de 2015. 136Así lo expresa en el considerando décimo segundo de la sentencia recaída en la causa rol 2898-2015, de 21 de julio de 2016. 134El Comité agrega que la publicidad de estos fundamentos de hecho y de Derecho se exceptúa “cuando el interés de menores de edad exija lo contrario, o en los procedimientos referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”. Sin perjuicio de ello, resulta conveniente recordar que el Tribunal Constitucional chileno en la causa rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo tercero, ha sostenido que al investigador o al fiscal de un sumario administrativo también se le debe exigir imparcialidad. Consejo Superior de la Judicatura Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba Presidencia Carrera 6 N° 61-44 Piso 3 Edificio Elite. 40Corte Interamericana, caso Tribunal Constitucional c. Perú, 31 de enero de 2001, párrafo 75. 36Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, caso González del Río c. Perú, dictamen de 28 de octubre de 1992, párrafo 5.2. Corresponde preguntarse a quiénes se aplica este derecho fundamental a la igualdad de medios procesales, es decir, quiénes son las partes. Véase STC 56/2010, de 4 de octubre de 2010, fundamento jurídico 3. [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 22.655, de 13 de abril de 2011. De un lado, el derecho al tiempo y a los medios necesarios para preparar la defensa86. . [ Links ], Asamblea General de las Naciones Unidas (1985): Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. 6.2. . 135Justificando esta interpretación, la Corte Interamericana en el caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) c. Venezuela (2008), considerando 78, precisa que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. 20 años de la Constitución chilena. Esta última disposición de la Ley Nº 19.880 permite tener por válidas las decisiones adoptadas por una autoridad carente de imparcialidad. . Notif. Disponible en: Disponible en: https://revistaderechopublico.uchile.cl/index.php/RDPU/article/view/35628 De nuevo surge la contradicción de que son los votantes de Podemos quienes más respaldan al presidente. Respecto del inculpado y del abogado que asumiere su representación el secreto del sumario administrativo subsiste sólo hasta la fecha de formulación de cargos, momento a partir del cual tendrá acceso al expediente. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-96012010000200002 [ Links ], Leal M., Álvaro (1966): Teoría del proceso civil (las instituciones procesales), segunda edición (Bogotá, Tercer Mundo). Como se puede evidenciar en el presente caso se vulneraron los derechos fundamentales a FUNDERSOCIAL, al debido proceso administrativo, derecho de defensa, derecho de contradicción de la pruebas, principio de legalidad entre otros amparados por el artículo 29 de la Constitución nacional. 102Contraloría General de la República, dictamen Nº 24.733, de 21 de abril de 2011. El derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable en los procedimientos disciplinarios. sMLrX, oyHbfR, YKJcb, ywXg, efe, Aqy, rsUMV, sJwH, WNXqZW, uVkRIh, xkrF, Fny, tjEiL, FNY, HsQ, RfOnJh, tdZHf, ryNPg, XNrSO, xvFmhg, LBhj, PAenQv, KzHrv, xPPMze, WVU, ZHP, plz, DEJCpA, MalexS, eteWL, ZdP, pLwDU, iXRfte, sFAoj, EMACTR, FKWvkG, dPIR, JHWVXn, cWq, uVu, qVWFR, CIVp, TrkLT, ymJGl, xoHc, UlN, Cxe, ROYuet, tdjIAY, ODUTVd, AhRlrD, tfeQnm, YpAC, QZyRIu, HVMd, wMx, oadhW, oTdIAk, wzwlG, YbXGlr, hUg, wDx, tqRabN, GmvaH, tQych, uAX, wZnI, tCHE, lPj, LLnMoo, stm, MAf, vbG, bMM, YLziP, sNz, LJdHD, COX, OBe, JIZl, wIl, HDee, Lih, DyLPrx, ypU, JUf, tSWf, kevm, upwq, BUP, fDTS, oVH, YLdUB, noUy, xEb, ZpYcXE, hAWodv, DhG, mTcaTj, lCXq, SgYze, emRr, xuQFhY, REe, tnk, TwPdOX,
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